La Xunta ha replicado a la Federación Galega de Municipios e Provincias que la administración autonómica «no está facultada» para fijar servicios mínimos ante la huelga convocada por la CIG a nivel gallego para las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar.

En una respuesta facilitada a los medios tras la petición de la entidad que representa las entidades locales gallegas de que la Xunta estableciese servicios mínimos ante la convocatoria de huelga para el próximo 2 de noviembre, la Consellería de Política Social rebate el argumento esgrimido por la Fegamp de que la Xunta debe establecer los servicios mínimos para esta huelga.

En su comunicado, el departamento autonómico afirma que la Ley gallega de Servicios Sociales determina que son los ayuntamientos quienes tienen la titularidad «de la competencia en la creación, gestión y mantenimiento de los servicios sociales comunitarios básicos, entre los que se encuentra el servicio de ayuda en el hogar».

En virtud a esto, definede que las entidades locales «tienen la capacidad para determinar» el presupuesto y las condiciones laborales de estos servicios, así como de «conocer» cuáles son las «circunstancias concretas y necesidades» de los usuarios.

Por todo ello, la Xunta considera que son los ayuntamientos quienes deben fijar los servicios mínimos porque, dice, el papel del Gobierno gallego se limta a «participar en su financiamiento, cubriendo aproximadamente el 70% de su coste».

Por último, la Consellería de Política Social ha manifestado su «respeto» a la autonomía de las partes en la negociación y espera que las partes «puedan llegar a acuerdos».

FEGAMP

La reacción de la Xunta se produce después de que la Federación de Municipios e Provincias la instanse este sábado a establecer «inmediatamente» los servicios mínimos para la huelga indefinida en el servicio de ayuda en el hogar convocada por la CIG a partir del 2 de noviembre.

La entidad que representa las entidades locales de la Comunidad gallega subraya que las leyes de servicios sociales y dependencia atribuyen las competencias en esta materia a la Administración autonómica.

Además, señalan que la convocatoria, impulsada en solitario por la CIG en protesta por las condiciones alcanzadas entre patronal y los sindicatos CCOO y UGT para el nuevo convenio del sector, es de carácter autonómico y, por tanto, corresponde al Gobierno gallego establecer las condiciones para la prestación mínima de este servicio.

La Fegamp ha remarcado que los ayuntamientos han mostrado su preocupación ante los posibles paros en un servicio «esencial» que atiende «a más de 24.000 usuarios de gran vulnebarilidad», por lo que consideran que sería «arriesgado» esperar que la Xunta fije un «marco legal» para delegar en las entidades locales el establecimiento de servicios mínimos.

A renglón seguido, la entidad que encabeza el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, incide en que la Fegamp «lleva tiempo advirtiendo de las posibles consecuencias de no emprender las acciones necesarias para dar estabilidad» al sistema de ayuda en el hogar que, como resalta, corresponde financiar a la Xunta y al Estado.