La oposición en el Parlamento de Galicia ha lamentado la «ausencia total de autocrítica» por parte de la Xunta a la hora de analizar la peor temporada de incendios forestales de la historia. «Ardieron más de 50.000 hectáreas, pero todo se hizo bien», ha espetado la diputada del BNG, María González Albert.

La discusión sobre lo ocurrido durante la temporada estival con más hectáreas quemadas por los incendios forestales desde que hay registros ha tenido lugar durante una moción debatida en el pleno del Parlamento de Galicia, celebrado este martes.

La moción, tumbada por la mayoría absoluta del Partido Popular, fue presentada por el BNG y solicitaba, entre otras cuestiones, cambios en la política de cobertura de vacantes en los servicios de extinción de incendios forestales de la Consellería do Medio Rural, la «profesionalización» de las brigadas y la configuración de «paradas para el fuego», basadas en la producción agrícola o ganadera como mecanismos de prevención.

Durante la defensa de la moción, la diputada nacionalista ha culpado al Gobierno gallego de «no aprender nada» de una temporada de incendios que ha quemado una extensión «70 veces más grande que el casco histórico de Santiago» y que, como ha recordado, todavía no ha concluido.

Para Martínez Albert, la situación vivida este verano es consecuencia de las «inexistentes» políticas de prevención y de las «deficiencias señaladas múltiples veces» sobre la situación de los servicios de extinción, con «bajas sin cubrir, brigadas sin constituir, falta de medios, precarización y problemas de coordinación».

En esta línea, ha puesto el acento en que el compromiso anunciado este martes en el pleno por el presidente gallego, Alfonso Rueda, de ampliar de 9 a 12 meses el contrato de las brigadas «llega muy tarde» y estaba «previsto desde hace dos años».

«No por repetir siempre los mismos mantaras se van a convertir en realidad», ha respondido el parlamentario popular José Antonio Armada Pérez, que ha subrayado que la ola de incendios de mediados del mes de julio se produjo por unas condiciones meteorológicas «que no se conocían en esta tierra», con «más de 6.000 rayos caídos en una noche, temperaturas muy altas, sequía y tiempo cambiante».

Además, el del PP ha reiterado la versión mantenida en las últimas semanas por el conselleiro do Medio Rural, José González, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel González, que responsabilizaron a los ayuntamientos de la tardanza a la hora de constituir las brigadas municipales.

«Hablamos de políticas, que fueron nefastas; no de problemas meteorológicos», ha aseverado la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta, que ha asegurado que los problema para constituir estas brigadas fueron derivados de la remisión, por parte de la Xunta, del documeto para adherirse, algo que no llegó «hasta finales de junio».

Para Rodríguez Dacosta, el Gobierno gallego mantiene un «discurso triunfalista» sobre los incendios que «no va a conseguir» atajar la problemática de los incendios forestales.

FINANCIACIÓN LOCAL

A continuación, el pleno ha acogido el debate de una moción del Grupo Socialista que buscaba demandar a la Xunta la firma de un convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para regular el reparto de los fondos que reciben las administraciones locales para sufragar los servicios públicos.

Del mismo modo que la anterior, la mayoría absoluta de los populares ha hecho que la Cámara rechazase una moción que ha hecho que los grupos cruzasen acusaciones de repartir con discrecionalidad los fondos que gestionan en las instituciones donde gobiernan.

Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG), encargada de defender la iniciativa, ha censurado que «da igual» si al frente de la Xunta «está Feijóo o está Rueda», o que las responsabilidades en financiación local las tenga este último o el actual vicepresidente segundo, Diego Calvo.

«Nada va a cambiar. La Xunta no va asumir los compromisos con la Fegamp y la realidad seguirá siendo que la Xunta invita, pero los ayuntamientos pagan», ha apostillado la diputada socialista, que ha sido replicada por la popular Paula Prado, quien ha defendido que es la Xunta quien «invita» y quien «paga» a través del fondo de cooperación local, dotado en el último ejercicio con 126 millones de euros.

Por su parte, Luis Bará ha remarcado que los puntos que solicitaba la moción socialista son «demandas reiteradas» de los ayuntamientos «a las que la Xunta siempre responde con evasivas y dilatorias».