El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha acusado este lunes al Gobierno gallego de subir el metro cúbico de agua unos 33 euros de media, un 61,6% más, con la nueva Ley del ciclo del agua, aprobada en el último pleno de la Cámara.

En una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia junto a los viceportavoces socialistas Luis Álvarez y Begoña Rodríguez Rumbo, Formoso ha asegurado que se trata de un «atropello al pueblo gallego en forma de sablazo fiscal». «En un momento en el que Feijóo pide en Madrid una política de reducción fiscal, deja aprobada aquí –en Galicia– una norma que es un sablazo fiscal para todos los gallegos», ha dicho.

En relación a esta ley que se aprobó en el último pleno de la Cámara gallega, Formoso ha asegurado que, tras estudiar 74 ordenanzas fiscales de 74 ayuntamientos, observaron una subida media de 33 euros por metro cúbico en cada ayuntamiento.

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha acusado al Gobierno gallego de «extorsionar» a los municipios. «Si no se adhieren a la nueva sociedad que pretende crear la Xunta, no tendrán ninguna nueva inversión», ha apuntado para asegurar que se trata de una «extorsión en toda regla» y de «un ataque a la autonomía local».

Asimismo, ha considerado que la nueva ley supone una «ataque a la libre competencia» toda vez que la Xunta, que «es quien tiene la competencia para fijar las tarifas reguladas». «Es quien regula el marco normativo y va a operar como empresa en el propio sector», ha indicado.

«Va en contra de todas las reglas de competencia europeas y no descartamos recurrir, primero a través de la FEMP y después la propia Comisión Europea, para que se analice la compatibilidad de un operador que gestione el agua pública y que, además, tenga capacidad normativa de decidir sobre la gestión en ese ámbito», ha sostenido.

«Por lo tanto, la creación de tres nuevos cánones, uno de gestión de depuradores, otro de colectores y otro de abastecimiento, significa un sablazo fiscal en el peor momento, un ataque a la competencia leal en el peor momento y un ataque a la autonomía local en forma de intervencionismo y de extorsión a los ayuntamientos», ha insistido.

RESPUESTA DEL PPDEG

Al respecto, en una rueda de prensa posterior, el viceportavoz parlamentario del PPdeG Alberto Pazos ha asegurado que las afirmaciones realizadas por Formoso fueron «desmentidas» por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) presidida por un alcalde socialista, en referencia a Alberto Varela.

Así, ha indicado que, en un primer momento, el ente municipalista había expresado su temor a que se produjese una subida, pero que después «reconoció que había cometido un error». Por ello, ha sostenido que «sorprende» que «se vuelva a insistir en una vieja polémica desmentida por los mismos que la provocaron».

Frente a ello, el dirigente popular ha considerado necesario que Formoso haga un esfuerzo por intentar «resultar más útil a los gallegos que reiterando críticas que ya fueron desmentidas por sus propios compañeros».

INFLACIÓN

Por otra parte, en rueda de prensa y preguntado por el fin del periodo de sesiones en la Cámara gallega, Formoso ha considerado que todas las fuerzas políticas deben de estar centradas en dar respuesta a una situación de dificultad en la socioeconomía gallega derivada de la carestía de la vida.

«En el ámbito de las empresas estamos viendo como hay empresas relevantes que están o cerradas por los costes de la energía o que amenazan del cierre inmediato si esto sigue así», ha señalado para indicar que, en este contexto, el PSdeG ha solicitado tanto a la Xunta como al Gobierno del Estado medidas.

Con todo, ha criticado que el único paso dado por el Ejecutivo gallego en este contexto fuese «el anuncio en el debate de investidura de rebajar una media de 4 euros el tramo autonómico del IRPF».

Frente a ello, ha recordado que su formación propuso «ampliar el tramo autonómico del IPRF exento e indexarlo al dato de inflación anteriormente conocido» y que también pidió que se habilite una línea de ayudas con cargo a los impuestos que la Administración autonómica recibe por cada litro de gasóleo consumido por los gallegos».

«Son 556 millones de euros los que el Gobierno gallego recauda por este concepto y todavía, a día de hoy, no ha invertido ni un solo céntimo en aliviar las cargas de los precios de combustible en Galicia», ha indicado para asegurar que sectores como el del transporte y el de la pesca «están esperando» a que la Xunta tome medidas.