El BNG anuncia una campaña en el ámbito institucional para reclamar la transferencia a Galicia de las competencias para la regulación y gestión del dominio público marítimo-terrestre, en manos del Estado, y la ordenación del litoral, con el objetivo de adaptar la legislación a las especificidades de la Comunidad.

Del mismo modo, los nacionalistas insisten en que se debe modificar el artículo 20 de la Ley de Cambio Climático, relativo a los plazos de concesión de las actividades situadas en dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de «garantizar la continuidad de la actividad del sector mar-industria» y «evitar el cierre» de empresas.

Así lo explica el Bloque en un Comunicado después de que su representante en el Congreso, Néstor Rego, y su diputada autonómica Montse Prado, visitasen este miércoles, en compañía de otros cargos nacionalistas, las instalaciones de Mariscos Daporta, en el Puerto de Tragove, en Cambados (Pontevedra).

Durante la visita, guiada por el propietario de la depuradora, Pepe Daporta, en la que también han estado presentes representantes de la Asociación Galega de Depuradores de Moluscos (Agade), los dos diputados han advertido que el BNG «no se va a quedar con los brazos cruzados» después de conocer el informe emitido por la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno del Estado sobre el plan del Puerto de Tragove.

Según el Bloque, dicho documento «pone en cuestión la continuidad de los puestos de trabajo y de la actividad» del complejo mar-industria una vez finalicen las concesiones en los terrenos de titularidad estatal. Sin embargo, la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, aseguró en mayo que las depuradoras «no tienen nada que temer».

Con todo, Montse Prado señala que este informe hizo saltar «todas las alarmas», porque «ponen en cuestión la continuidad de elementos muy relevantes para la vida de Cambados y que se puede extrapolar a todos los puertos de Galicia».

MADRID «NO TIENE EN CUENTA LA REALIDAD GALLEGA»

Esta polémica, para la diputada autonómica, «deja en evidencia que la legislación hecha desde Madrid no tiene en cuenta a realidad gallega», de lo que se ha servido para reclamar la cesión de la gestión del litoral.

Asimismo, se ha dirigido a la Xunta para solicitarle que, a su vez, transfiera al Ayuntamiento de Cambados los espacios recogidos en el informe –como la Plaza de Abastos, el centro de salud y la Alameda– para que sean las propias administraciones locales las que los regulen y no «una manera de hacer caja por parte de Portos de Galicia».

LEGISLAR «BAJO UNA VISIÓN MEDITERRÁNEA»

Mientras tanto, el diputado del BNG en el Congreso ha destacado las instalaciones de Mariscos Daporta como «el ejemplo de un problema» que hay en la costa gallega «a consecuencia de que decidan en Madrid, a 600 o 700 kilómetros, sobre algo que no conocen y se empeñan en legislar bajo una visión mediterránea».

Para Rego, el complejo mar-industria es de vital importancia para el desarrollo social y económico de Galicia, que ahora se encuentra «en la cuerda floja» por la aprobación del artículo 20 de la Ley de Cambio Climático.

En este contexto, el diputado nacionalista ha recordado que, durante el debate de esta norma en el Congreso, registró una enmienda para suprimir este artículo que «modificaba de forma encubierta» la Ley de Costas, pero no fue aprobada «por el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos».

Además, Rego ha lamentado que ni los partidos del Gobierno central ni el PP aceptasen una modificación que «excluía de la previsión de ese artículo 20 a todas aquellas actividades sostenibles».