El concejal y portavoz de la Agrupación Local de Vecinos en Coristanco y alcalde de este municipio coruñés por el PP entre 1991 y 2015, Antonio Pensado, no recurrirá el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que le condenó a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público. Además, en declaraciones a Europa Press, ha anunciado que la próxima semana presentará su dimisión.

«A principios de la próxima semana lo dejo, ya tengo ganas de descansar», ha dicho apuntando a la posibilidad de que el lunes formalice ya esta renuncia después de tomar la decisión de no recurrir una sentencia que considera probado que cometió un delito de prevaricación al autorizar, en 2012, a una empresa a almacenar residuos de demolición y construcción en una finca.

El tribunal, que tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, destacó que la resolución del entonces regidor municipal fue «arbitraria y contraria a la legalidad» e impuso la misma pena, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación, a los tres hermanos administradores de la compañía beneficiaria.

Los jueces aseguraron que el exalcalde actuó «concertadamente» con los tres empresarios «para tratar de dejar sin efecto» las sanciones de la Xunta por el depósito de materiales no autorizado.

ARGUMENTOS DEL FALLO

En la sentencia, la Audiencia absolvió al exalcalde de los demás delitos de prevaricación que le imputaba el Ministerio Público, así como del de falsedad, y a los empresarios de los demás delitos de prevaricación y del de tráfico de influencias.

Los magistrados consideraron que no ha quedado acreditado que el entonces regidor municipal tratase de favorecer a los tres empresarios, a los que supuestamente le unía una amistad, a la hora de adjudicar obras.

En declaraciones a Europa Press, su letrado Ulises Bértolo ha confirmado que no recurrirán el fallo y que tampoco lo hará Fiscalía. En su caso, ha explicado que será porque su cliente de «los delitos más graves» que se le imputaban ha sido absuelto y ha precisado, además, que Pensado «no tiene intención de ostentar ningún cargo público en el futuro».

Tras el posicionamiento de la defensa y del Ministerio Público, queda, según ha aclarado, que haya una notificación oficial de la firmeza de la sentencia y que el consistorio tome consideración de este asunto lo que obliga al exregidor a abandonar sus cargos públicos.

El letrado ha precisado también que solo queda en relación a este caso pendiente un recurso, ante el Tribunal Supremo, de una empresa que se consideró afectada por actuaciones denunciadas en relación a una planta concedida. Sobre el mismo, el exalcalde ha dicho que su representación legal presentará la oportuna contestación.