El secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural, Nicolás Vázquez, ha defendido la «diligencia» en la actuación de la Xunta, que tomó las «medidas oportunas», a pesar de haber sido condenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a indemnizar a un jefe de brigada forestal por tardar dos años en resolver un caso de acoso laboral que sufrió por parte de otros dos trabajadores.
En la comisión de Agricultura, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha preguntado por esta sentencia publicada por Praza.gal, que ha entroncado otros fallos recientes contra la Xunta por vulneración de derechos laborales, por lo que censura la «errática política de personal» de la Consellería de Medio Rural.
Sobre este fallo, Rodríguez Dacosta ha lamentado que el afectado trasladó su problemática en 2013, pero, pese a las «reiteradas denuncias de él y de otros trabajadores contra la actitud violenta de los implicados», la Xunta tardó dos años en resolver la situación, lo que califica de «desidia» y «dejación de funciones ante esta situación tan grave».
En respuesta, el secretario xeral técnico de Medio Rural ha recordado que, si bien el TSXG ha condenado ahora a la Xunta, en primera instancia un juzgado de Lugo sostuvo que la demanda «carecía de fundamento» porque estaba acreditado que la Xunta «sí tomara medidas».
RELATO DE LOS HECHOS
En el relato de los hechos realizado por el alto cargo de la Xunta, se apunta que las primeras quejas llegaron en «abril-mayo» de 2013 por el comportamiento de dos trabajadores contra el demandante. Esos dos empleados fueron «citados inmediatamente» y en junio se citó al afectado.
Asegura que se tomaron medidas «de forma inmediata» con una adaptación del puesto de trabajo y modificación de los turnos para que este personal coincidiese «lo menos posible». De hecho, expone que entre octubre de 2013 y julio de 2014 el afectado no coincidió con esos dos trabajadores al haber cambios de centros y por los meses sin trabajar debido a la categoría de fijos discontinuos.
Con todo, en septiembre de 2014 se constata la persistencia de la problemática y se incoa un expediente disciplinario, que es «farrogoso y laborioso». Apunta que fueron 15 los empleados públicos que trabajaron en ese informe.
Finalmente, se resolvió el expediente en abril de 2015 con una imposición de sanción de empleo y sueldo por una falta grave y otra muy grave. Por todo ello, Nicolás Vázquez esgrime la «diligencia» en la actuación de la Xunta al tomar diferentes medidas «provisionales» con el respeto a los tiempos del procedimiento y la presunción de inocencia.
Además, el secretario xeral técnico expone que, aunque el protocolo antiacoso no fue aprobado hasta 2016, previamente existía otro protocolo que recogía sus «principios generales».
