La Comisión Institucional del Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles una proposición no de ley en la que insta a reforzar el servicio público postal, «claramente insuficiente en la actualidad, en el próximo plan de prestación» que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros, de forma que se «asegure un servicio de calidad para el conjunto de la ciudadanía».

La iniciativa, impulsada por la diputada del PPdeG Paula Prado y que contó con la unanimidad de los grupos parlamentarios, también apuesta por incluir a Correos, la «mayor empresa pública» del país, en el reparto de fondos para la recuperación, transformación y resiliencia para que «juegue un papel clave en la respuesta que, como sociedad, debe dar a la crisis sanitaria y económica provocada por la covid».

Además, la iniciativa pide que se «actualice y mantengan» las oficinas auxiliares (rurales) y unidades de reparto existentes en las zonas rurales, «claves en la reversión» de la denominada España vaciada. «Es la única forma de contribuir a que aquellas áreas geográficas de reparto deficitarias economicamente puedan disfrutar de un servicio postal en igualdad de condiciones respecto a la población de los grandes núcleos urbanos», añade.

El cuarto punto de la iniciativa pasa por pedir un «refuerzo de la capilaridad de Correos, ampliando el número de oficinas, unidades de reparto y centros de tratamiento», con el fin de «lograr mayor acercamiento a la ciudadanía y lograr las condiciones óptimas de accesibilidad» marcadas por la ley postal y la directiva postal europea.

La proposición no de ley reclama «garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, hoy claramente insuficientes, para dar cobertura y garantizar un servicio postal de calidad, con empleo y derechos de calidad».

Finalmente, la propuesta también pide garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad determinados por la ley postal y el reglamento de la prestación del servicio postal universal y, en definitiva, «aproximar de forma eficaz y eficiente el correcto y necesario desempeño de la prestación de los servicios postales públicos», con el objetivo de «asegurar a todos los ciudadanos» de Galicia la «recepción de su correspondencia, por lo menos, cinco días a la semana, como está establecido en la directiva europea.

HONDA PREOCUPACIÓN

En la defensa de la iniciativa, la viceportavoz del PPdeG mostró su «honda preocupación» por el «debilitamiento» del servicio postal, con el trasvase de actividad de la matriz a la filial Correos Express, «la externalización» de ciertos servicios rentables de la compañía, la cesión o venta de patrimonio inmobiliario histórico o por los resultados negativos de la entidad, que llegaron a los 275 millones en los presupuestos de 2020 y 2021.

«Es necesaria una reconducción en el rumbo de su liderazgo y gestión», ha manifestado Paula Prado, quien ha considerado «inaceptable» que mientras se ensalza la reversión de la España vaciada, se «recorten» servicios en el rural, disminuyendo el servicio de reparto postal.

Por su parte, el diputado del BNG Iago Tabarés hizo hincapié en que si Correos es la empresa pública más grande se debe a la «obra y gracia del PP», formación a la que acusó de «privatizaron» todas las que lo eran más –y citó Telefónica e Iberia, entre otras–. Además, recordó que el propio Feijóo «la convirtió en sociedad» cuando dirigió, por lo que perdió «los controles» de la administración general.

Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro, que mostró el apoyo a la iniciativa al concordar con ella, lamentó, no obstante, que el PP «solo velan por los intereses» de los ciudadanos «cuando gobiernan otros», en referencia a que las exigencias van dirigidas al Gobierno central.

OTRA INICIATIVA

En la misma comisión ha sido aprobada parcialmente otra iniciativa, en este caso, impulsada por el diputado nacionalista Iago Tabarés y que contó con los apoyos de PPdeG y PSdeG en uno de sus puntos.

Concretamente, el Parlamento pide que la Xunta «manifieste su oposición a cualquier modificación normativa o decisión gubernamental que pueda implicar la supresión de los partidos judiciales actualmente existentes».

También reclama que se oponga a la «reducción de competencias» para la celebración de vistas y práctica de diligencias y actuaciones en las actuales sedes de los partidos judiciales existentes.