La Consellería de Política Social critica que, «en la actualidad, el Gobierno central no aporta ni un euro para la gratuidad de la educación infantil» en la comunidad gallego, además de que «tampoco ha comprometido ninguna financiación» para el curso 2022-2023, en el que las escuelas de 0 a 3 años serán gratuitas en Galicia para todos los niños.
Este viernes, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha anunciado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez apoyará la creación de 3.417 nuevas plazas públicas y gratuitas de educación infantil de 0-3 años en la comuidad gallega y que invertirá 34,8 millones de euros hasta 2023 para alcanzar esta cifra.
En respuesta, la Consellería de Política Social traslada a Europa Press que confía en que «el comunicado lanzado hoy por la Delegación del Gobierno en Galicia signifique que el Ejecutivo va a comenzar a cofinanciar la gratuidad de la educación infantil, medida en la que en este momento no tiene ningún tipo de implicación».
Según este departamento, para que el Gobierno central pueda decir que «apoyará la creación de plazas gratuitas de educación infantil» debería «contribuir económicamente a la gratuidad de esta etapa educativa, algo que en estos momentos no ocurre».
En la actualidad, la educación de 0-3 años en Galicia es gratuita para los segundos hijos y sucesivos, una medida en vigor desde 2020 y que «dentro del territorio nacional solo existe en Galicia gracias a una inversión de 14 millones de euros al año de la Xunta», sostiene Política Social. A día de hoy, ya se benefician las familias de 10.000 niños en la comunidad.
A partir del próximo curso 2022/23, Galicia será la primera comunidad en la que las escuelas infantiles de 0 a 3 años sean 100% gratuitas para todos los niños, en todos los centros, sea cual sea su titularidad. De esta iniciativa se beneficiarán las familias de 20.000 niños, «con una inversión prevista de 30 millones de euros al año procedentes de fondos de la Xunta». «El Gobierno central tampoco ha comprometido ninguna financiación para esta medida», reprocha.
Esta misma semana, la Declaración de Santiago, rubricada por ocho presidentes autonómicos, reclamaba la implicación del Ejecutivo central en esta cuestión.
