El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha exigido al Gobierno una «respuesta» ante la situación de la planta de Alu Ibérica, en A Coruña, tras autorizar la Audiencia Nacional al administrador juidicial que tramite el concurso voluntario de acreedores.
Además, le ha reclamado un «cambio de rumbo» en política energética, ante la fecha puesta por Enel, matriz de Endesa, para poner fin a su negocio gasístico en el año 2040, y que afectaría al ciclo combinado de As Pontes.
A preguntas de los periodistas, coincidiendo con su participación en una jornada sobre transición energética, ha asegurado que la Xunta «trabaja en identificar soluciones» para la planta de Alu Ibérica, pero ha asegurado que necesitan «una implicación clara del Gobierno», del que subrayó que «avaló la venta» de la fábrica coruñesa.
Además, ha vuelto a insistir que esto pasa «por un precio energético» y ha exigido a este respecto «transparencia». «Es una condición para trabajar en el contexto de identificar un proyecto industrial». «Esperamos una reacción inmediata por parte del Gobierno», ha recalcado.
Mientras, sobre el anuncio de la matriz de Endesa, ha denunciado que existe un proceso de «descoordinación» entre el Ejecutivo central y las empresas que lleva «a una situación de caos energético».
«España está en una situación de estado de alarma energético», ha asegurado Conde, que ha demandado al Gobierno un «cambio de rumbo» para que haya «una coordinación y evitar los impactos negativos que se están produciendo en el sector económico y productivo».
«No hay una agenda planificada, estamos en situación de descoordinación y desgobierno desde punto de vista política energética», ha dicho culpando al Gobierno central de llevar a España a una situación de «estado de alarma» en este ámbito.
