El Parlamento de Galicia ha alcanzado este martes un nuevo hito legislativo en la lucha contra la violencia machista y, en concreto, ha incorporado la violencia digital como una forma de ciberdelincuencia que afecta especialmente a las mujeres. Este concepto adapta la ley aprobada en 2007 al contexto tecnológico actual, una reforma que ha partido de una proposición legislativa impulsada por la diputada del PPdeG Paula Prado y ha contado con la unanimidad del hemiciclo, que culminó con un aplauso la aprobación del texto.

«Esto no deberíamos tener que ponerlo en una ley», afirmó, con rotundidad, Paula Prado, en referencia a las grabaciones de la Maruxaina y a la referencia que ahora se incorpora para condenar y considerar violencia machista este tipo de actuaciones. De hecho, los tres grupos –PPdeG, BNG y PSdeG– coincidieron en la necesidad de incorporarlo y, a través de una enmienda presentada por el BNG, la reforma legislativa incorpora una mención expresa e implícita sobre este caso.

«La violencia de género digital engloba todas estas conductas de violencia de género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales o de internet, pero también la grabación y difusión de imágenes tomadas sin consentimiento, sea en el ámbito público o en el privado, que supongan una humillación o vejación de las mujeres, así como la distribución en la red de imágenes o datos comprometidos de contenido sexual», recoge la ley aprobada con 71 votos tras un debate en el que ha estado ausente el Gobierno gallego –la conselleira de Emprego e Igualdade, que comparecía a continuación, llegó cuando ya sonaba el timbre de la votación (fuentes de su gabinete aseguraron a Europa Press que tenía un compromiso a esa hora)–.

Tampoco estuvo presente la actual secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, que tenía un acto programado a las 10,00 horas en Lugo y que fue voz protagonista por parte del PPdeG, sin embargo, en la aprobación de la ley de 2007 durante el gobierno bipartito, la que este martes incorpora esta reforma. La aprobación de este texto legislativo dejó, además, otra petición unánime de la Cámara gallega: que el Gobierno central legisle para que se incorpore al ámbito penal.

«Me consta que se está trabajando en esta cuestión», dijo la diputada del PSdeG Noa Díaz, quien, como Paula Prado y la nacionalista Olalla Rodil, se mostró partidaria de una reforma de la ley estatal.

USURPACIÓN

La reforma legislativa aprobada este martes por el Parlamento también considera violencia de género digital la «usurpación de la identidad de la víctima o la creación de perfiles falsos para desprestigiar a la víctima», así como la «creación de perfiles falsos para desprestigiar a la víctima, dar de alta el correo electrónico de la víctima en sitios web para estigmatizarla o ridiculizarla, acceder digitalmente al ordenador para controlar sus comunicaciones con terceros, control del dispositivo móvil y sus comunicaciones», entre otros, como forma de violencia sin «tener contacto» físico.

La diputada popular destacó el «consenso desde el minuto cero» que suscitó entre las portavoces de los tres grupos la incorporación de una mención implícita a lo ocurrido en la Maruxaina, un hecho «deplorable», en palabras de Paula Prado. La diputada popular consideró, con todo, que el juzgado de instrucción «ya tenía mecanismos suficientes» para continuar con la investigación y «por eso» la Audiencia Provincial de Lugo reabrió el caso.

«No tenía que haber pasado, queremos que se investigue. Sabemos que es difícil encontrar los culpables, pero que haya una mínima actividad instructora», ha remarcado la diputada del PPdeG en referencia a este hecho, en un día que ha calificado de «histórico» por el consenso alcanzado en la Cámara gallega. «Tolerancia cero contra la violencia de género», ha proclamado.

En su intervención, la diputada del BNG Olalla Rodil ha remarcado que se «necesita urgentemente la reforma de la legislación española». «Mal que nos pese», dijo, Galicia no tiene competencias para exigir la retirada de las imágenes, pero sí el Ejecutivo central «si se reformase» la legislación estatal en la misma línea que la gallega.

Rodil ha advertido de que el marco estatal va «muy retrasado» con respecto a la violencia contra las mujeres, que «va mucho más allá de las relaciones de pareja». «Van muy tarde y nos hacen retrasar a las demás, mal que nos pese. Los derechos de las mujeres, son derechos humanos», ha enfatizado.

ACUERDOS CON LA INTERMEDIARIAS

En línea con las peticiones de cambios del marco estatal, la reforma legislativa aprobada este martes incluye, a través de una enmienda del PSOE, que el Gobierno gallego «impulsará con las principales plataformas intermediarias de internet acuerdos de colaboración con el fin de establecer criterios y mecanismos ágiles y urgentes de denuncia y retirada de contenidos relacionados con la violencia de género digital».

Paula Prado ha advertido de los peligros de la tecnología en materia de violencia y, especialmente, en el caso de los menores. De hecho, en el texto legislativo se recoge como excepción el control de los padres sobre los contenidos a los que acceden los menores de edad.

Comenzó su intervención haciendo hincapié en que poner en manos de un menor un móvil es tanto como dejar a un niño o adolescente en casa, en un edificio sin puertas en que vive un «violador, un pederasta, un estafador y un acosador de menores», con un «rellano plató de cine pornográfico» y un bajo «con una casa de apuestas donde regalan chuches a los niños».

La diputada socialista defendió, por su parte, la enmienda propuesta de su grupo y que ha quedado fuera en referencia a la «misoginia». En este sentido, Paula Prado rebatió que no hay marco jurídico estatal que sostuviese esta incorporación, pero que si se legisla, se muestra favorable a debatirlo también en Galicia.

CONTENIDO DE LA LEY

Galicia pasa a reconocer como violencia machista el ciberbullying, sextorsión,; ‘grooming’, usurpación de identidad, llaves o contraseñas; sexting, o ‘pornovenganza’, actividades que están aumentando entre los jóvenes.

Además, con la autoenmienda promovida por los populares, la violencia digital reconocerá no solo la que se realiza a través de los medios tecnológicos, sino aquellos actos que hayan sido cometidos, instigados o agravados «reconociendo como medio para cometer el delito la utilización de servicios de geolocalización».

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

La ley aprobada recoge que, en las campañas que se realicen contra la violencia machista, se dedicará «atención específica a la sensibilización y a la formación de la población juvenil en la prevención e identificación de actitudes que constituyen actos de violencia de género, con especial incidencia en la violencia digital».

Del mismo modo, las campañas harán posible el acceso a las mujeres con más dificultades para que se acerquen a los recursos y a la información y habrá campañas accesibles y específicas que tengan en cuentan las circunstancias de las mujeres del ámbito rural y el acceso a la información.

Por su parte, la Administración educativa, en colaboración con el departamento competente en materia de igualdad, tendrá el deber de «impulsar la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar para la prevención de comportamientos y actitudes sexistas y de violencia de género».

Tendrán que contar «con especial atención a la violencia de género digital» y deberán estar «destinadas a ahondar en las estrategias para el análisis y resolución de los conflictos, así como el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto a todas las personas y fomentando actitudes, valores y capacidades que contribuyan al pleno desarrollo en igualdad».