El Paramento gallego ha reclamado, por unanimidad, al Gobierno central la intervención pública de Alcoa en San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), inicialmente de forma transitoria a través de la Sociedad Estatal de Patentes Industriales (SEPI), para asegurar el empleo y facilitar su venta a un inversor privado que garantice un proyecto viable.

Forma parte de una batería de medidas urgentes, que promueve el PPdeG en una proposición no de ley –apoyada por Bloque y PSdeG–, en favor de la industria electrointensiva gallega para garantizar su viabilidad.

«No entendemos por qué no se adopta la decisión ya de intervención temporal de la SEPI», ha afirmado la diputada popular Elena Candia, pues deja claro que «hay muchas familias esperando decisiones políticas». A esto se une el peligro de «quiebras» y «cierres» de diversas industrias por el precio energético.

Esta propuesta también busca incrementar el presupuesto destinado a subvenciones relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero a la cuantía máxima permitida por la UE (25% de los ingresos obtenidos en pujas de CO2), «por lo que esta partida podría llegar a los 450 millones de euros».

Además, se requiere activar el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas para la cobertura de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo de suministro de energía eléctrica (PPA) entre consumidores de energía que tengan la condición de electrointesivos.

Igualmente, se urge a convocar pujas de electricidad de origen renovable, así como establecer mecanismos de gestión de la demanda que permitan ofrecer flexibilidad al sistema eléctrico.

APOYO DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, Ramón Fernández Alfonzo (BNG) pide al Gobierno central medidas con «urgencia» debido a que el riesgo en el que están las electrointensivas «es grave e inminente», pero también emplaza a la Xunta a que cumpla con sus competencias y ponga en marcha una empresa publica de energía y una tarifa pública gallega.

Noelia Otero (PSdeG) ha defendido que el Gobierno central ya ha puesto «en marcha» varios mecanismos que reclaman los populares, por lo que acusa al PPdeG de buscar «confrontación política».

En lo tocante a Alcoa, Otero deja claro que: «Si no hay otra vía para mantener los puestos de trabajo, votaremos a favor de una intervención temporal por parte de la SEPI». Eso sí, destaca la «mala fe» de la empresa, que queda refrendada por el Tribunal Supremo.

CARGA DE TRABAJO PARA LA RÍA DE FERROL

Por otra parte, también ha salido adelante una iniciativa popular –con la abstención de la oposición– en la que se demandan al Gobierno diferentes actuaciones para dotar de carga de trabajo a la ría de Ferrol.

En el décimo mes consecutivo que los populares presentan esta iniciativa en la Cámara, el PPdeG se ha hecho ahora una autoenmienda para incluir diferentes cuestiones, tales como que la Xunta ponga en marcha la delegación territorial en Ferrol en el primer trimestre de 2022.

El texto emplaza al Ejecutivo central al cumplimiento del mandato de la Cámara gallega sobre la firma del pacto de Estado por Ferrol, con la designación de un interlocutor directo. Tellado propone que sean «las dos ministras gallegas no practicantes», en alusión a Nadia Calviño y Yolanda Díaz, «porque de gallegas en el día a día demuestran más bien poco».

La iniciativa demanda la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 de la partida «completa y necesaria» para la construcción de las fragatas F-110. También se pide iniciar los trámites para la construcción de una zona franca en Ferrol.

Tellado ha acusado al Gobierno de «indolencia» hacia Ferrol, con el BNG y el PSdeG como «cómplices». Responsabiliza al Ejecutivo socialista de «retrasar ‘sine die» las fragatas F-110.

Ramón Fernández Alfonzo (BNG) ha afeado los «mutuos reproches» entre PSOE y PP, a pesar de haber convertido a Navantia en una «empresa menguante» en los últimos 40 años, una compañía «restringida a la construcción militar». Todo ello mientras la comarca de Ferrolterra «perdió tres veces más de población» que el resto de Galicia.

Por su parte, Pablo Arangüena (PSdeG) opina que la Xunta solo busca «sembrar el relato de que hay un malvado Gobierno central que conspira contra Galicia», pero recuerda que hay 122 millones reservados en los PGE del año que viene para las fragatas F-110, que comenzarán a realizarse en «marzo de 2022».

EL PSOE PIDE UN PACTO INDUSTRIAL

Por su parte, el PSdeG ha pedido a la Xunta un pacto por la industria estable y con compromiso presupuestario con el objetivo de reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica. Una medida que los populares han denegado, por lo que no ha salido adelante a pesar de contar con el respaldo del Bloque.

En su intervención, Martín Seco (PSdeG) ha hecho un balance «claramente negativo» en materia industrial de la Xunta. Se ha referido al cierre anunciado por Vestas en Viveiro sin que la Xunta ponga en marcha «mecanismos necesarios para mantener la producción».

Considera que el modelo industrial de la Xunta «no funciona», «renunciando a ejercer sus competencia industriales». Arremete contra una gestión «muy deficiente» y una baja ejecución «real del gasto» del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

En respuesta, Miguel Tellado (PP) ha responsabilizado a la política energética «errática» e «irresponsable» del Gobierno de la destrucción del tejido empresarial.