Galicia En Común ha reclamado al Gobierno central que «normalice» la admisión de documentos escritos en gallego en la administración y ponga fin a los «ataques constantes» a la lengua propia de Galicia.

El diputado en el Congreso Antón Gómez-Reino ha registrado una pregunta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el rechazo de la oficina de Costas en Pontevedra a un informe del Ayuntamiento de Cambados por estar escrito en gallego.

El parlamentario y secretario xeral de Podemos Galicia censura la actuación de la administración, que supone un «ataque» a la lengua gallega.

«Los ayuntamientos tienen el derecho a elaborar sus documentos en gallego, así lo recoge la Carta Europea de Lenguas Regionales», ha incidido el diputado, que pide a la Administración central que «normalice» la admisión de docuementos en gallego y cumpla la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias.

RECHAZO DEL DOCUMENTO

El Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, rechazó un documento técnico elaborado por el Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra) para la tramitación del plan especial del puerto de San Tomé y Tragove por estar escrito en gallego.

El mismo informe había sido remitido a varios departamentos de la Administración estatal pero únicamente fue rechazado por estar en lengua gallega por la delegación pontevedresa del servicio de Costas.

La oficina de Costas se escudó en el artículo 15 de la Ley 39/2015, donde se establece el castellano como lengua para los procedimientos administrativos.

Con todo, ese mismo artículo permite que el interesado escoja la lengua en la que realizar el trámite, aunque fija que, en el caso de que existan varios interesados y existiese una discrepancia en cuanto al idioma, el castellano prevalecería por encima del resto.

Para Xurxo Charlín, «es incomprensible» que el Servicio de Costas de Pontevedra carezca de una persona «que pueda interpretar un documento técnico escrito en gallego».

Así, el gobierno local se verá obligado a traducir al castellano las más de 400 páginas que componen el informe, lo que supondrá «un importante retraso» en la tramitación del plan especial del puerto cambadés, en elaboración desde el año 2014 y que tiene en el documento rechazado por Costas el penúltimo paso antes de poder ser llevado a pleno para su aprobación.