Los presidentes autonómicos de la Xunta, la Generalitat Valenciana, y las juntas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Ximo Puig, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, han pedido «rigor» al Gobierno para una financiación autonómica equitativa.
Así se han manifestado durante un debate sobre la financiación autonómica centrado en la atención a la diversidad y la cohesión y que ha sido moderado por la periodista Pilar Cernuda en el marco del III Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que acoge la isla gallega de A Toxa.
En este contexto, el presidente valenciano ha incidido en la necesidad de que cada comunidad «piense en el interés general, además de en el de su territorio». Así, ha apostado por un sistema de financiación «basado en el rigor» y ha planteado un nuevo pacto que permita modernizar el país. De este modo, ha propuesto una revisión de acuerdos de 1981 en la que participen las comunidades.
Feijóo ha coincidido con Puig en la necesidad de abordar la financiación autonómica con «rigor» y ha puesto el foco en que, «si el 40% del gasto de las comunidades» se deriva del mantenimiento de los servicios sanitarios, resulta «un disparate plantear un sistema de financiación en base a la población». Además, ha señalado que las comunidades a las que más «perjudica» el sistema de reparto actual son Murcia y la Comunidad Valenciana, mientras Galicia, Cataluña y Madrid «están en la media».
García-Page ha remarcado que se deben «aplicar criterios con sensatez» y tener en cuenta el reparto de la población y el coste que conlleva la prestación de servicios en localidades pequeñas en la financiación autonómica, ya que, de lo contrario, se abandonarán. De hecho, ha constatado la «desigualdad» que conlleva esta situación y ha asegurado que «sigue habiendo emigración del interior hacia el Levante».
Asimismo, ha criticado que, pese a la cesión de competencias, «las comunidades sigan gestionando la misma parte de la tarta». Del mismo modo, ha defendido que la garantía de un derecho por una ley aprobada por las Cortes Generales que conlleve un gasto para las autonomías debe llevar aparejada una compensación económica por parte del Gobierno central, una posición que ha apoyado Feijóo.
Por su parte, Mañueco ha abogado por estudiar las circunstancias de la población en cada territorio, además de su volumen. Sobre este punto, ha pedido «hacer un debate reflexivo» en el que se tengan en cuenta aspectos como la tasa de envejecimiento, que influyen en ámbitos con la atención sanitaria o social. Finalmente, ha asegurado que «es momento de apostar por el interior de España».
