La conselleira de Infraestrutruas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha encuadrado en «decisiones del pasado» las prórrogas de las concesiones de la explotación de la autopista AP-9 y se ha mostrado «expectante» ante la posición que adopte el Gobierno estatal tras la apertura de un expediente por parte de la Unión Europea sobre la última prórroga, otorgada en el año 2000 por el Ejecutivo central durante la etapa en La Moncloa del popular José María Aznar.

Cuestionada al respecto tras participar en un encuentro en Santiago, Vázquez ha incidido en que las prórrogas, tanto la adoptada por el Gobierno en 1994 como la posterior concedida seis años más tarde, fueron tomadas «hace mucho tiempo» y por «distintos partidos políticos» en el Ejecutivo estatal.

La conselleira ha apuntado que esas decisiones deben ser interpretadas en función del momento en que fueron aprobadas y ha señalado que «a lo mejor» serían cuestiones que, en la actualidad, «no se adoptarían».

«La situación actualmente es distinta. Si hoy tuviésemos que decidir no haríamos obras con cargo a los peajes», ha afirmado Vázquez, que ha reiterado que las dos ampliaciones se produjeron con diferentes formaciones en el Gobierno, la primera con el PSOE y el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, como responsable de Infraestructuras y la segunda con el Partido Popular de José María Aznar.

Ha sido esta última prórroga la que cuestiona el expediente abierto por la UE tras una denuncia presentada por la asociación En Colectivo, que también puso el foco sobre la prolongación del año 1994. En concreto, según figura en la información comunitaria, el Ejecutivo europeo considera que la última ampliación de la concesión de la AP-9, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea.

Tanto la duración como el alcance de la concesión están bajo la lupa de Bruselas, ya que la regulación comunitaria establece que la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante concurso público. De esta forma se da la oportunidad a las empresas interesadas a optar a la concesión, promoviendo un mejor servicio al menor precio.

Para corregir esto, Bruselas espera que las autoridades españolas saquen la renovación de la AP-9 a concurso público, lo que debería haberse hecho al acabar la vigencia de la concesión, en lugar de prorrogarse.

Así las cosas, Vázquez ha emplazado a conocer el posicionamiento del Estado sobre el expediente de las autoridades comunitarias, ya que, a su juicio, será la postura del Gobierno la que determine las «consecuencias» que tenga en la práctica.