El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha vuelto a pronunciar este viernes a propósito del expediente abierto por la UE por las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9 y ha concluido que lo ocurrido ratifica que Galicia debe gestionar» esta vía de vertebración de la comunidad. En todo caso, se ha mostrado poco «optimista» sobre que este expediente pueda tener un impacto económico en Galicia.

En declaraciones a los medios este viernes en Santiago de Compostela, Feijóo ha apuntado que lo que conoce es que se estudian las «decisiones de las prórrogas» de la autopista. En concreto, según figura en la información comunitaria, el Ejecutivo europeo considera que la última ampliación de la concesión de la AP-9, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea.

Tanto la duración como el alcance de la concesión están bajo la lupa de Bruselas, ya que la regulación comunitaria establece que la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante concurso público. De esta forma se da la oportunidad a las empresas interesadas a optar a la concesión, promoviendo un mejor servicio al menor precio.

Para corregir esto, Bruselas espera que las autoridades españolas saquen la renovación de la AP-9 a concurso público, lo que debería haberse hecho al acabar la vigencia de la concesión, en lugar de prorrogarse.

Sin embargo, Feijóo entiende que está bajo cuestión la actuación de todos los gobiernos desde los años 70 hasta José Luis Rodríguez Zapatero –la obra decidida por el Gobierno socialista se materializó bajo el gobierno de Mariano Rajoy–, pasando por el de Felipe González y José María Aznar.

FALTÓ UN REQUISITO

El pronunciamiento del Ejecutivo comunitario parte de la asociación gallega En-Colectivo, que en julio de 2020 presentó una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decreto en 1994 –hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González– y 2000 –hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar– por considerar que vulneran la normativa comunitaria.

Feijóo subraya que la UE entiende que «faltó un requisito, que es la publicidad y concurrencia» en las últimas dos concesiones. «Por lo tanto, vamos a ver si esas decisiones del Gobierno español reiteradas desde la décadas de los 70 son contrarias a la competencia y al derecho comunitario», ha apuntado.

«TRANSFERENCIA»

En todo caso, el presidente autonómico ha concluido que esta situación «viene a justificar la solicitud del Parlamento y del Gobierno gallego «de la transferencia de la autopista a Galicia, para que sea el gobierno democrático de Galicia el que tome cuenta de la autopista, que es la columna vertebral de los gallegos, los que la usan y la pagan».

«Volvemos a solicitar de nuevo la transferencia», ha remarcado Feijóo, quien ha dicho que cuando se dirima si se cumplió el principio de concurrencia o se va en contra de las directivas europeas, la Xunta «acatará la sentencia que se traslade en su caso».

Con todo, ha señalado que esta situación «mucha operatividad y mucho impacto en la situación de la autopista en Galicia no va a tener». «Lo que puede haber es un aviso de un incumplimiento para que no vuelva a ocurrir». «No soy muy optimista de que esto vaya a tener algún impacto económico en favor de Galicia», ha indicado, antes de sentenciar que «Galicia lo que necesita es la transferencia».

«Esa autopista debe de ser gestionada por los gallegos, porque somos los que pagamos todos los días, a pesar de larebaja, que es una excelente noticia», ha sentenciado.