El diputado socialista Pablo Arangüena ha instado a la Xunta a que dirima responsabilidades, tras la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ha dejado sin vigencia la obligación de presentar el certificado covid para acceder a la hostelería en los niveles de más incidencia del virus, y al ocio nocturno en los niveles medio y bajo –donde están abiertos los interiores de estos locales–.
Arangüena ha asegurado que el Ejecutivo autonómico «ha estado cometiendo una grave ilegalidad durante los últimos 20 días». El órgano judicial gallego ha tumbado esta medida debido a que la Xunta no envió al tribunal gallego la orden del 22 de julio que contenía el requerimiento de presentar el certificado covid en establecimientos de hostelería y ocio nocturno.
A este respecto, el socialista ha asegurado que «es la primera vez que un Tribunal Superior de Xustiza autonómico tiene que explicar a un gobierno como hacer su trabajo». «El señor Feijóo muestra un grave desprecio por la legalidad», ha añadido, «y debería asumir las consecuencias del error como máximo responsable de la Xunta».
«Continúan los tics autoritarios del Gobierno gallego», ha señalado Arangüena, al tiempo que ha comparado la actuación del Partido Popular con la del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. «La derecha trumpista en Galicia no es tan nociva como Trump, pero se comporta como él», ha explicado.
«FALSEDAD EVIDENTE»
También ha valorado la crítica de la Xunta al Gobierno central por no recibir dosis del lote de 3,4 millones de viales que anunció el presidente Pedro Sánchez. Arangüena ha calificado de «falsedad evidente» las declaraciones de miembros del Ejecutivo autonómico como el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que aseguró que el sistema de vacunación en Galicia está «siendo atacado» por La Moncloa.
El viceportavoz socialista en el Parlamento gallego ha calificado a la Xunta como «líder en ilegalidad e incompetencia» en España. «El PP está abonado a la desinformación constante a la población», ha señalado, «pero no puede ser que utilice una página de información pública sobre la vacunación para sacar ventaja política de la pandemia», ha concluido.