La Cámara gallega ha dado luz verde por unanimidad a la proposición de ley que reconoce como violencia de género a las víctimas de violencia vicaria. Además, PPdeG, BNG y PSdeG han aprobado la norma que garantizará la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito universitario y de la investigación y que evitará la discriminación por maternidad.

Las iniciativas, que parten de sendas proposiciones de ley presentadas por el BNG y que este martes ha superado su último trámite parlamentario con su aprobación en el pleno, sitúan a Galicia en la «vanguardia» de la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, tal y como han coincidido al señalar todos los grupos.

En concreto, la primera ley que reconoce como violencia de género la vicaria, incluye el reconocimiento del estatuto de víctimas no solo cuando se produce un asesinato o homicidio, sino cuando hay cualquier forma de violencia ejercida sobre los hijos o las personas estrechamente unidas a la víctima. Así, pasan a ser reconocidas como víctimas de violencia machista y tendrán acceso a la protección, protocolos y a todas las ayudas previstas en la Ley gallega 11/2007 para la prevención y tratamiento integral de la violencia de género.

La primera intervenir después de que tomase la palabra la presidenta de comisión quinta, Corina Porro, ha sido la portavoz de igualdad del Grupo Socialista, Noa Díaz, quien ha puesto en valor el consenso parlamentario y ha celebrado que se incorporasen a la norma seis de las ocho enmiendas formuladas por el PSdeG.

Según ha indicado, estas «mejoran muy notablemente el texto» al permitir ampliar el alcance de la violencia vicaria propuesto originalmente, que se limitaba a aquellos casos con resultado de muerte. A partir de ahora, ha dicho, la violencia vicaria supone ejercer «un daño del tipo que sea» sobre las personas cercanas a la víctima, «siempre con la intención de provocar dolor y sufrimiento a la mujer maltratada».

«MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS»

Tras la intervención de la socialista ha tomado la palabra la líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, quien ha considerado que el de este martes es «uno de esos momentos» en los que se demuestra que la política «puede mejorar la vida de las personas». «Hoy muchas mujeres sienten que este Parlamento es lo que debe ser siempre: su casa, un lugar en el que atienden sus demandas y en el que se trabaja para protegerlas y ampararlas ante una situación por la que nadie debería pasar», ha expresado.

En un discurso en el que ha celebrado el respaldo unánime a esta medida, ha valorado las aportaciones de PP y del PSOE y ha destacado que se trata «de un logro colectivo de todo el movimiento feminista» plasmado en una norma de la que ha destacado tres aspectos relevantes a la hora de dar amparo a las víctimas.

Así, ha puesto en valor su carácter retroactivo, ha señalado que amplía los supuestos de violencia vicaria más allá de la que se ejerza sobre los hijos y ha explicado que incluye nuevas formulas para dar por probada este tipo de violencia machista.

Por su parte, la diputada del PPdeG Paula Prado ha destacado la voluntad de su grupo para añadir a la legislación el reconocimiento de este tipo de violencia como violencia de género y ha señalado que el Gobierno gallego ya ponía a disposición de las víctimas los recursos necesarios, por lo que «en ningún caso se cuestiona la reatroactividad».

«En Galicia, desde el año 2015 y sin disponer de legislación específica, garantizamos todas las ayudas», ha señalado Paula Prado, que ha celebrado que «una vez más» Galicia «sea pionera en legislación» con un «paso de gigante» que debe de ir acompañado de un «verdadero compromiso por la igualdad» por parte del Gobierno de España, al que ha pedido «que cumpla el pacto de Estado» y que «no parchee la ley».

En la sesión, en la que tanto PP como BNG han rechazado la única enmienda que mantenía viva el PSdeG, todos los grupos se han posicionado a favor de la proposición.

IGUALDAD EN LA INVESTIGACIÓN

Las tres formaciones con representación en el Parlamento de Galicia también han respaldado otra proposición de ley para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito universitario y de la investigación, denominada por el BNG –formación impulsora del texto– como Ley Ángeles Alvariño.

En concreto, esta establece la obligación de todos los organismos públicos y privados de introducir mecanismos correctores en las distintas convocatorias para que el tiempo por cuidado de hijos no suponga una discriminación en los procesos de evaluación.

En este caso, la primera en intervenir –respetando el orden de menor repersentatividad a mayor de los grupos– ha sido la socialista Noa Díaz, quien ha destacado que esta ley incorpora enmiendas de su formación para que las universidades y centros de investigación gallegos se doten de protocolos para la detección precoz de violencia de género, así como para que la formación del personal universitario e investigador en materia de género y prevención de la violencia machista «deje de ser una posibilidad y pase a ser una garantía», entre otras cuestiones.

Según ha indicado, la ley garantizará el acceso a la enseñanza universitaria y a la investigación de mujeres con diversidad funcional e incluye además como tiempo de inactividad investigadora los permisos de guardia con fines de adopción o acogida.

Por su parte, la nacionalista Olalla Rodil ha celebrado que con esta norma se sitúe a Galicia en la «vanguardia» de la igualdad de género en un ámbito que es «estratégico» para el desarrollo económico, social y humano como es el «científico e investigador».

«Hoy Galicia da un salto adelante enorme y establece por ley la obligación de todos los organismos, públicos o privados, incluidas las universidades, los centros de investigación y la propia Xunta, de establecer mecanismos correctores en las distintas convocatorias para garantizar que el tiempo de maternidad y crianza no suponga una discriminación en los procesos de evaluación», ha explicado Rodil, que ha destacado que se trata de una ley «pionera, fruto de un trabajo colectivo.

Además, ha señalado que no hay ninguna otra norma de estas características ni en el Estado español ni en la Unión Europea que «recoja esto de forma tan específica, concreta y con tanta claridad».

En este punto ha incidido la parlamentaria del PPdeG Paula Prado, quien ha puesto en valor el hecho de Galicia vaya a ser la «primera comunidad que garantice por ley que en las nuevas convocatorias de ayudas en el ámbito de la investigación se establezca un factor corrector que permita compensar los periodos de inactividad y garantizar la igualdad de oportunidades».

En su intervención, Prado ha señalado que el PP son «conscientes de que la trayectoria profesional e investigadora de las mujeres cuenta con innumerables obstáculos, pero dos muy evidentes en los que es necesario actuar: la conciliación y la maternidad».

De este modo, ha precisado que la proposición de ley modifica el artículo 20 del decreto 20/2015 con el objetivo de introducir mecanismos correctores y objetivos en las convocatorias públicas de I+D+i para evitar la discriminación o penalización en caso de maternidad, paternidad o permisos temporales por embarazo, cuidado de personas dependientes o lactancia.