Los ministros de Pesca de la Unión Europea han adoptado este lunes una posición más flexible que la del Parlamento Europeo con respecto a la posible instalación de cámaras a bordo de buques pesqueros como medida de supervisión y abogan por que sólo sea una opción más en barcos de más de 24 metros de eslora que presenten un «grave riesgo» de incumplimiento de la obligación de desembarque.
Los Veintisiete han fijado sus líneas rojas de cara a la actualización del reglamento de control pesquero, un hecho que abre paso a las negociaciones con la Eurocámara, cuya posición quedó fijada en marzo y generó una oleada de críticas por su enfoque obligatorio con respecto a la instalación de cámaras de circuito cerrado (CCTV).
Así, los gobiernos europeos piden que aquellos barcos con una eslora igual o superior a 24 metros y que «presenten un grave riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque tengan instalado a bordo un sistema de seguimiento electrónico remoto operativo».
Este sistema «será capaz de llevar a cabo un seguimiento y un control eficaces de la obligación de desembarque» y no se limitará a cámaras de televisión, puesto que también «podrá incluir sistemas de geoposicionamiento y sensores».
Esta posición contrasta con la que defenderán los eurodiputados en las próximas negociaciones, puesto que en su caso piden que se obligue a instalar cámaras de videovigilancia a un «porcentaje mínimo» de buques de más de doce metros de eslora que presenten un «riesgo grave de incumplimiento» de la obligación de desembarque.
Además, a diferencia de los Veintisiete, el Parlamento Europeo también reclama que las cámaras de circuito cerrado de televisión deberían imponerse en casos de infracciones graves como sanción e introduce un sistema de incentivos para fomentar su instalación.
MÁRGENES DE TOLERANCIA Y POTENCIA MOTRIZ
Además del debate sobre la introducción de sistemas CCTV, también han generado polémica las márgenes de tolerancia permitido entre las estimaciones de captura anotadas en el diario de pesca y la cifra del pesaje y el control sobre la potencia de los motores de los barcos.
Con respecto al primer punto, las líneas rojas de los ministros de Pesca introducen una excepción para volúmenes pequeños de captura (menos de 50 kilogramo) y contempla un margen más amplio de tolerancia respecto a pequeñas pesquerías pelágicas, especies industriales y pesquerías mixtas sin clasificar.
En relación al control de la potencia motriz, los países de la UE establece que la obligación de equipar permanentemente a barcos con dispositivos que midan la potencia motriz solo se aplicará a aquellos con una potencia superior a 221 kilovatios que utilicen artes de arrastre y presenten un riesgo grave de incumplimiento de las normas en este ámbito.
POSICIÓN DE ESPAÑA
Durante el debate en abierto sobre el reglamento de control pesquero, el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, ha tomado la palabra para anunciar que España apoya el texto presentado a los Veintisiete a pesar de que no está de acuerdo con el sistema de localización de embarcaciones con menos de 9 metros de eslora.
Planas ha advertido de que se trata de una flota «marcadamente artesanal» que asciende en España a 4.900 barcos, el 55% del total, sobre los que se pone encima una «carga administrativa excesiva» que además «no aporta beneficios adicionales en materia de control pesquero» y «es contraria al principio de simplificación» de la normativa.
Por ello, el ministro español ha defendido que «sería importante efectuar una valoración de impacto sobre las ventajas y los inconvenientes» de este artículo de cara a las negociaciones que comenzarán ahora con el Parlamento Europeo.
