La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) ha reclamado «marcos de financiación» estables que «permitan planificar y prestar el servicio». Las televisiones autonómicas, según la federación, «no son operadores comerciales, sino prestadores de un servicio público esencial y que genera valor real en sus territorios».

Así lo ha expresado la Forta en declaraciones a Europa Press en las que ha defendido «los estrictos mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas», que, según ha añadido, «buscan garantizar contenidos plurales, próximos y de cohesión territorial».

Forta ha defendido el papel de las cadenas autonómicas que «no compiten con otros operadores comerciales, sino que complementan y fortalecen el ecosistema mediático» y buscan «garantizar la diversidad, pluralidad, cohesión territorial y un servicio público audiovisual». También ha destacado la labor de las cadenas públicas regionales en la «promoción y normalización de las lenguas cooficiales», así como motor de la industria audiovisual local.

El organismo ha advertido, asimismo, de los riesgos de «debilitar el modelo autónomico de servicio público audiovisual» con una posible recentralización informativa o pérdida de diversidad. «Debilitar el modelo autonómico de servicio público supondría empobrecer la diversidad informativa y cultural y reducir los espacios de información de proximidad que conectan a los ciudadanos con su entorno más cercano», han argumentado desde Forta.

A su juicio, «ese alejamiento tendría un impacto directo en la cohesión territorial y en la calidad democrática, al limitar la pluralidad de miradas y voces en el espacio público».

Asimismo, ha defendido la pluralidad informativa de los medios públicos y ha asegurado que los profesionales «desarrollan su trabajo en un marco jurídico garantista, con normas claras que protegen tanto la libertad de información como la independencia profesional». Admite, no obstante, que «el contexto actual, marcado por la sobreabundancia informativa e intentos de difundir desinformación, refuerza la necesidad de medios públicos sólidos, reconocibles, confiables, que actúen como referentes de información veraz y contrastada».

ATAQUES

En este sentido, la Forta reconoce estar preocupada por los ataques políticos y las campañas señalando a las cadenas autonómicas como propaganda. «Preocupan en la medida en que simplifican y deslegitiman una labor compleja y esencial, y porque no afectan solo a las cadenas sino al conjunto del ecosistema democrático».

«Etiquetar a los medios públicos de forma interesada contribuye a erosionar la confianza en las instituciones y en el periodismo profesional, ha argumentado. Ha defendido, en esta dirección, los instrumentos para «garantizar la pluralidad y favorecer la rendición de cuentas».

Para el organismo, las radiotelevisiones autonómicas cumplen funciones que no cubren otros operadores: «Reflejan la diversidad social, cultural y lingüística de sus comunidades; contribuyen a la cohesión territorial; preservan y difunden el patrimonio cultural e inmaterial; y actúan como referente informativo en situaciones de especial relevancia» como emergencias, alertas o acontecimientos que afectan directamente a la ciudadanía. En este sentido, han mencionado la dana de Valencia o el volcán de la Palma.

Respecto a los retos, Forta ha destacado la incorporación de la Inteligencia Artificial «como una herramienta de apoyo al servicio público, no como un sustituto del criterio profesional».

Esto se está produciendo en ámbitos técnicos y operativos, como, por ejemplo, el archivo, la catalogación de contenidos, la documentación, la mejora de la accesibilidad o determinados procesos de producción. Desde la perspectiva de FORTA, la incorporación de estas tecnologías se guía por los principios de «calidad, la veracidad y la accesibilidad de los contenidos».

Por este motivo, «cualquier uso de IA se enmarca en criterios éticos y profesionales muy definidos, compatibles con los valores del periodismo de servicio público y con los estándares de transparencia y responsabilidad editorial que deben regir, y efectivamente rigen, a los medios públicos».