La Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego ha aprobado por unanimidad este jueves una proposición no de ley defendida por el BNG para que el Sergas asuma la atención sanitaria en los centros penitenciarios de la Comunidad.

Después de que el BNG y el PPdeG llegasen a un acuerdo sobre el texto, la iniciativa aprobada señala que esta transferencia debe ir acompañada de los medios humanos, económicos y materiales necesarios «atendiendo a la suficiencia dinámica para la prestación del servicio», así como la compensación de la deuda contraída por el Ministerio de Interior con el Sergas.

La iniciativa ha sido defendida por la portavoz nacionalista de Sanidade, Montserrat Prado, quien ha recordado que en 2015 el Parlamento gallego acordó solicitar esta transferencia «sin que seis años después se haya avanzado nada para el cumplimiento del acuerdo». Así, con este nuevo consenso, el BNG ha emplazado al Ejecutivo autonómico a iniciar los trámites «de una vez por todas».

«Igual que el BNG, el Observatorio para a Defensa dos Dereitos e Liberdades (Esculca), ha reclamado en reiteradas ocasiones la integración del servicio sanitario penitenciario de las cárceles gallegas en el Sergas, una transferencia que, según los pronunciamientos del Gobierno español y del Defensor del Pueblo estatal, comienzan en cuanto lo solicite la Xunta», ha explicado Prado.

«No entendemos la razón por la que la Xunta no haya realizado las negociaciones para la integración de este servicio en el Sergas», ha criticado la portavoz nacionalista, que ha subrayado que lo único que hace falta para hacerlo es «voluntad política».

DEUDA DEL GOBIERNO ESTATAL

Por su parte, aunque la diputada popular Marta Rodríguez-Vispo ha reconocido «retrasos» en la incorporación de lo acordado por el Parlamento en el 2015 y lo estipulado en la Ley de Sanidad de 2003 –que recoge que la atención sanitaria penitenciaria debe ser ofrecida por el servicio autonómico–, ha insistido en que «el Sergas siempre ha prestado y prestará su colaboración en la atención sanitaria».

Tal y como ha informado Rodríguez-Vispo, el Sergas trabaja con el sistema penitenciario mediante convenios de colaboración, que engloban «consultas de especialistas, hospitalización y cirugías, entre otros». Con todo, ha apuntado, como ha indicado en la enmienda, que para pedir esa transferencia «hay que valorar los recursos económicos».

«El Sergas ha puesto 19,6 millones de euros por los servicios prestados a las instituciones penitenciarias, que ha ingresado únicamente al servicio gallego 6,2 millones de euros», ha explicado la portavoz popular.

En su intervención, la diputada popular ha recordado que esta petición no exime de que el PPdeG «priorice el traspaso de la AP-9 o del dominio público marítimo terrestre».

«DOBLE CONDENA»

En el debate, el portavoz socialista, Julio Torrado, ha criticado las «dificultades de coordinación» de las administraciones, y ha señalado que «no es que no se tengan las transferencias, sino que no se han ni pedido».

«Toda persona que viva en Galicia debería estar bajo el paraguas del Sergas, viva en su casa, en un centro de mayores o en una cárcel», ha recalcado Montserrat Prado, que ha señalado que no facilitar a la población reclusa una atención sanitaria digna, supone «una doble condena».

Prado ha apuntado que las personas presas suelen tener una salud «más precaria» que la del resto de la población debido, fundamentalmente, «a la falta de servicios sanitarios de calidad, con diagnósticos rápidos y tratamientos apropiados». Sin esos recursos, ha comentado, muchas dolencias se convierten en crónicas «y no por casualidad en las cárceles hay un elevado índice de enfermedades infecciosas y de suicidios».