El BNG y el PSdeG han defendido este martes, en el pleno del Parlamento de Galicia, que las residencias que promueve la Xunta en las siete grandes ciudades gallegas tengan una gestión pública directa. Al respecto, el diputado del PPdeG Alberto Pazos ha alegado que todavía «no se puede avanzar» cuál será el modelo.

Así lo ha dicho durante el debate de una proposición no de ley del Bloque, que se votará este miércoles, para instar al Gobierno gallego a gestionar directamente estos centros para mayores como un «primer escalón» hacia un cambio del modelo residencial en la Comunidad, «altamente privatizado».

En este contexto, el popular Alberto Pazos ha defendido la administración «responsable» de los recursos públicos por parte de la Xunta, «evaluando en cada momento cuál es la mejor fórmula para implementar el mejor servicio posible». «Y así se hará con estas siete residencias», ha garantizado.

Sin embargo, ha descartado «hacer demagogia» sobre cuál será el modelo escogido, porque todavía «desconocen cuál será el presupuestos disponible de 2022», ni «cuáles serán las condiciones para contratar personal» en el sector público, ni si «habrá o no tasa de reposición», ni «cuál será la aportación del Estado en materia de dependencia».

Eso sí, ha acusado tanto al BNG como al PSdeG de defender en el Parlamento un modelo totalmente público cuando «impulsan un modelo totalmente distinto allá donde tienen responsabilidades de gobierno». En este sentido, ha recordado cómo, durante el bipartito, la Xunta impulsó nueve residencias, de las cuales cuatro –con 240 plazas en total– «eran de gestión pública directa» y cinco –con 607 plazas– estaban «externalizadas».

«Cuando lo hacemos nosotros lo llaman ‘privatización’ y ustedes lo llama ‘externalización'», ha afeado el diputado popular.

EMPRESAS QUE BUSCAN «GANAR MÁS Y MÁS»

Para defender la proposición no de ley, la diputada del BNG Olalla Rodil ha comparado el modelo de Galicia, donde el 87% de las plazas de residencias de titularidad o de gestión privada*; con el de Estados Unidos, donde los servicios excluyen «a los que no los pueden pagar».

Además, ha aseverado que las empresas del sector «solo tienen un objetivo»: «Ganar más y más a costa de la vida y de la muerte de la gente».

Por todo ello, a pesar de que «el debate tiene que ser mucho más amplio» que el de la titularidad, Rodil ha incidido en la necesidad de abordar este «primer escalón» con el objetivo de «empezar a cambiar el modelo actual» de geriátricos.

VOTO A FAVOR DEL PSDEG

Por su parte, la diputada del PSdeG Marina Ortega ha avanzado el voto a favor de su grupo porque Galicia «es la última comunidad autónoma en cuanto a número de plazas financiadas de un modo público» y «esto tiene que cambiar cuanto antes».

Además, ha señalado que la gallega es la autonomía «que menos técnicos de inspección tiene», lo cual entraña «un peligro» para los residentes y para las condiciones laborales de los trabajadores sociosanitarias; al tiempo que ha apostado por ir hacia un «modelo más familiar» y «de atención».

«Pero, sobre todo, escuchando a los mayores y a los profesionales del sector», ha subrayado Ortega.