La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al Partido Popular de Galicia de tratar de «regalar» a Abanca «una universidad privada para que siga haciendo negocio» tras el «permitir el pelotazo con las cajas gallegas».

Así se ha pronunciado Pontón en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega tras reunirse con los rectores de las universidades gallegas para abordar el proyecto de ley de creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa, la primera privada de Galicia y que está promovida por Afundación.

En su intervención, Pontón ha asegurado que su formación comparte con los rectores la «total negativa» a este proyecto, con el que considera que el Gobierno de Feijóo «rompe con la educación igual para todos» y da «luz verde» a una «universidad para ricos».

La líder de los nacionalistas gallegos, que ha sostenido que las tasas para estudiar en esta universidad oscilarían entre «los 7.500 y los 11.000 euros», se ha preguntado «cuántas familias gallegas pueden pagar entre 30.000 y 40.000 euros para mandar a sus hijos a la universidad».

En este sentido, ha criticado que, en plena crisis por la pandemia, la «prioridad» de la Xunta sea «legislar para una minoría» cuando «hay otros problemas que atender».

AÑOS DE «RECORTES»

Asimismo, Pontón ha censurado que el Gobierno de Feijóo favorezca el «negocio privado» de un banco mientras «lleva 12 años racaneando al sistema universitario público». «Los datos son muy claros, el recorte acumulado entre el 2010y el 2021 es de 386 millones», ha afirmado.

«Así es cómo entiende la defensa de los intereses de los gallegos», ha criticado la portavoz nacional del Bloque, que ha incidido en que la sociedad gallega «no necesita» una universidad privada para «privilegiados al alcance de una minoría».

«Necesitamos reforzar el sistema universitario público al que acceden los hijos e hijas de la mayoría de nuestro país y poder recuperarse de los recortes», ha sostenido Pontón, que ha sostenido que también «existen dudas» sobre la legalidad del proyecto.

CRÍTICAS DE LOS RECTORES

Precisamente, en este punto, la «legalidad» del texto, han incidido tanto el rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, como el de la Universidad de Santiago (USC), Antonio López, en la rueda de prensa. Por motivos de agenda, el de la Universidade de A Coruña, Julio Abalde, ha asistido al encuentro de forma telemática.

Así, el rector de la USC ha señalado que las tres universidades galleas tienen una «posición común» que pasa por defender la «capacidad del sistema público para dar solución a las demandas de los estudiantes y del tejido empresarial» y el cumplimiento de la legalidad. «Estamos trabajando en mejorar nuestra oferta y, por lo tanto, pensamos que desde el sistema público podemos dar solución a esta demanda», ha afirmado.

Sobre esta iniciativa privada ha asegurado que les «preocupa» que se puedan duplicar las titulaciones que actualmente se ofertan en un contexto en el que la propia legislación señala que estos proyectos deben de tener carácter complementario y no duplicar titulaciones que ya se ofrecen en el sistema público.

También ha trasladado su preocupación por la «calidad» y el hecho de que pueda «devaluarse» el concepto de enseñanza universitaria si el servicio se presta en unas condiciones que «no son equiparables».

En este sentido, Reigosa ha subrayado que las universidades públicas quieren que se «cumpla estrictamente la ley» de forma que no se incluyan títulos que «ya se estén ofertando en la pública».

Para ello, ha recordado que trasladaron sus dudas a través del Consello Económico e Social (CES), que emitió un informe negativo por considerar que el texto presentaba «carencias» que se debían de subsanar. «Esperamos que se puedan corregir estos aspectos que tienen que con el cumplimiento estricto de la ley gallega», ha apuntado Reigosa.

RESPUESTA DEL PPDEG

Por su parte, preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha recordado que este proyecto legislativo ha pasado controles del Gobierno central, que autorizó su tramitación, como de la Xunta, unas medidas que «garantizan que se respeta el principio de legalidad». «Por tanto, los rectores en esto pueden estar tranquilos», ha afirmado.

«No solo se está cumpliendo la ley sino que lo que se está haciendo es una inversión en una iniciativa que yo creo que difícilmente se puede cuestionar desde el punto de vista de la creación de empleo de calidad, desde el punto de vista de su impacto en el territorio», ha señalado para incidir en que se trata de una inversión en «educación superior».

Además, ha dicho que se trata de una iniciativa «complementaria» a lo que «hacen las propias universidades». «Porque la propia ley gallega impide que se impartan titulaciones que ya están siendo impartidas por parte de las universidades públicas», ha apuntado.

También ha señalado que se «autofinanciará» y que, por lo tanto, «no solo no va a interferir en el funcionamiento ordinario de las universidades públicas, sino que, además, si uno lo piensa, en como funciona el trabajo universitario en el resto del mundo, donde conviven perfectamente las universidades privadas como las públicas, puede haber hasta sinergias», ha afirmado.