Representantes de familias y trabajadores de residencias de mayores han trasladado este miércoles sus demandas al BNG, formación en la que han encontrado «sintonía» en cuestiones como la gestión pública directa de estos centros y un cambio de modelo.

El Bloque quiere impulsar también un cambio legislativo para renovar una ley de residencias «obsoleta» y «superada por la realidad», que llevará a la constitución de una plataforma en defensa de los servicios públicos a la dependencia y a movilizaciones para hacer públicas las reclamaciones de estos colectivos implicados.

Tras el encuentro a tres bandas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha comprometido que los nacionalistas van a «trabajar sin descanso para que cambiar el actual modelo de residencias». «Vemos como el cuidado de las personas mayores oscila entre dos extremos, o está en manos de empresas controladas por fondos de inversión o en manos de entidades religiosas», ha señalado la dirigente nacionalista, quien ha advertido de que «con los mayores no se puede hacer ni lucro ni caridad» y que «lo que se necesita es servicio público».

Tras lo ocurrido en pandemia, Pontón ha comprometido «hacer todo lo posible para acabar con el negocio de la vejez», una petición que ha marcado también las intervenciones de Maribel Barreiro, secretaria de Tegra, y Francisco Xosé Bernárdez, presidente de la Rede Vellez Digna, quien anunció la constitución de la plataforma.

Pontón resumió las líneas de trabajo en «gestión pública directa» de las siete residencias en las ciudades que se han anunciado, una petición que, de hecho, se debatirá en el pleno de la próxima semana. En este sentido, espera que los populares «recapaciten» y «voten afirmativamente a esta propuesta».

Además, los nacionalistas reclaman «un cambio de modelo» ante un 85 por ciento de plazas «privatizadas». Así, exige que las plazas que están «privatizadas», una vez que venzan los contratos, pasen a ser de «gestión directa» de la Xunta.

El tercer aspecto es una nueva ley de residencias, que «apueste por lo público, por gestionarlas directamente» y que tengan en cuenta el cuidado de las personas mayores como un sistema de pensiones. Además, ha defendido la necesidad de «dignificar las condiciones laborales» de las trabajadoras de estos centros, «dignificar» este trabajo que «no puede ser mileurista» y «reconocer» el trabajo de este personal, «devolviéndoles» el esfuerzo realizado.

«Las familias demandamos a la administración unos servicios públicos, de gestión pública, asequibles, variados y de proximidad», ha señalado Bernárdez, quien ha apuntado también la relevancia de tener en cuenta el principio de envejecer en casa y que las residencias sean un «último recurso, que esté bien dotado».

Destacó la «buena sintonía» con la posición del BNG, formación con la que aseguró que comparten «los mismos objetivos» en este ámbito, y ha rechazado que se «conviertan a los mayores en mercancía». En este sentido, ha avisado de que se ha llegado a «racanear» en las comidas y se han ahorrado «en personal».

Por su parte, la representante de las trabajadoras ha avisado de las condiciones laborales «muy duras» que vive el personal, con un convenio colectivo «precario» y dentro del cual las trabajadoras «tienen miedo a denunciar porque se juegan su puesto de trabajo». «Venimos años denunciando el deterioro del servicio», ha remarcado Maribel Barreiro.