El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir que las autoridades españolas garanticen los controles en la frontera con Portugal, toda vez que se ha decidido levantar los límites de circulación internacionales pero la Comunidad gallega tiene decretado el cierre perimetral salvo para viajes justificados.

En la misiva, de la que se ha enviado copia al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, la Xunta recuerda que «se encuentran en vigor las limitaciones de entrada y salida del territorio» en las comunidades, salvo para aquellos justificados que se produzcan por alguno de los motivos que se recogen en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y de acuerdo con él, en el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, dictado por el presidente de la Xunta de Galicia, en la condición de autoridad competente delegada a los efectos del estado de alarma.

Así, el Ejecutivo autonómico solicita «la máxima colaboración de esa administración» a los efectos de asegurar el cumplimiento de la medida decretada por la Xunta, esto es, la limitación de salir y entrar en territorio de la comunidad. «Y que, por lo tanto, los desplazamientos por la frontera se ajusten a la regulación establecida en las indicadas normas», señala la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

De esta manera, la Xunta reclama al Gobierno central que mantenga los controles a los ciudadanos en la frontera para que los desplazamientos que se realicen sean por los motivos justificados que recogen los decretos autonómicos, como son, por ejemplo, los motivos de trabajo o sanitarios.

La carta remitida por Rueda alude, además, que Galicia «se ha enterado por los medios de comunicación de la reapertura de la frontera terrestre con Portugal» a partir de este sábado, de forma que a partir de las 00,00 horas del 1 de mayo todos los pasos «quedarán abiertos y España eliminará también sus controles», constata.

CRÍTICAS DE LA AECT

Por su parte, la AECT Río Miño, entidad transfronteriza en la que participa la Diputación de Pontevedra, considera que la postura de la Xunta de interpretar que el cierre perimetral de la comunidad limita la movilidad a causas justificadas supone «poner más palos en las ruedas».

Así lo ha indicado el vicedirector de la agrupación territorial, Uxío Benítez, que recuerda a la Xunta que «no tiene competencias ni poder de decisión sobre las fronteras exteriores» y que, por lo tanto, «no puede imponer órdenes sobre la movilidad argumentando su cierre perimetral autonómico».

«Si eso fuese así estaríamos ante la paradoja de un territorio con dos fronteras simultáneas, una autonómica y otra estatal», ha apostillado Benítez.