El Partido Socialista de Galicia ha instado este viernes al Partido Popular a rectificar su voto en contra de la modificación de la Ley de Cambio Climático al considerar que «elimina toda sombra de duda» y deja claro que no habrá efecto retroactivo en el plazo de concesiones.

Así lo han reclamado en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega el coordinador de la Interparlamentaria del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, y el viceportavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Pablo Arangüena.

Leiceaga, que ha recordado que tras la incorporación de las enmiendas la ley pasará al Congreso para su voto final, ha explicado que el nuevo texto cambia la expresión «actos dictados» por «actos que se dicten», siguiendo la línea sugerida por el Consejo de Estado y eliminando cualquier tipo de duda sorbe su irretroactividad sobre las concesiones de actividad en la costa.

Ante ello, el socialista ha considerado que el Gobierno gallego «debe de estar mucho más tranquilo» tras la campaña de presión contra este artículo 18.3 de la ley. Además, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que «después de haber amenazado con un recurso de inconstitucionalidad» para alcanzar esta modificación, el propio PP votase en contra.

«Tienen la opción de rectificar y votar a favor» en el debate que se producirá a continuación en el Congreso para ratificar la enmienda, ha explicado Leiceaga.

Por su parte, Pablo Arangüena ha señalado que, «si el PP decía que el problema de la ley era la retroactividad y la enmienda despeja cualquier duda sobre la misma, es incomprensible que haya votado en contra». «El problema no es un artículo ni tres palabras en la Ley de Cambio Climático, sino la irresponsabilidad del Gobierno gallego, que juega con las cosas de comer para obtener rédito político», ha dicho.

En este sentido, ha criticado la «estrategia de confrontación» a cualquier precio por parte de la Xunta que «pone en riesgo a todo un sector» al generar una «profecía autocumplida», ya que «desincentiva la inversión y provoca que el capital huya».

CRÍTICAS DE LA APDR

Por otra parte, en un comunicado remitido a los medios, la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) ha acusado al Partido Socialista de «ceder a las exigencias de Ence y de la Xunta» al permitir que se aprobasen las modificaciones de la ley que afectan a los plazos y a la permanencia de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre.

«Aceptan la formulación exigida para el artículo» y «aceptan también que los 75 años de plazo máximo para las concesiones empiecen a contar desde el momento en el que se inicia el funcionamiento de la actividad y no –como fija la legislación de Costas y mantenía este proyecto– desde la fecha de concesión», afirma la asociación.

La APDR asegura que esto supone, en el caso de Ence, que ese plazo no se finalice en el año 2033, sino en el 2037.

Con todo, en referencia a esta cuestión, el propio Leiceaga ha recordado que la prórroga de Ence está recurrida judicialmente. «Y esto no se va a decidir en sede parlamentaria ni se va a decidir por el Gobierno, se va a decidir por los tribunales de justicia», ha señalado para incidir en que el cambio «no afecta en absoluto» a este.