El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves de forma definitiva la ley para transferir la AP-9 a Galicia tras rechazar las enmiendas introducidas por el PP durante su tramitación en el Senado, dando así luz verde al texto aprobado inicialmente por la Cámara Baja.

La mayoría del Congreso ha descartado los cambios impulsados por los senadores ‘populares’, que buscaban recuperar el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego y reforzar las garantías financieras del traspaso.

En este sentido, el texto definitivo fija como objetivo la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, de las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y de las funciones y servicios de la autopista.

Para ello, se determina que la Administración General del Estado (AGE) y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, «singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria»; y para la redacción y aprobación de convenios.

REPERCUSIONES ECONÓMICAS

Además, según el texto pactado, la AGE conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer «la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados».

Por otro lado, las enmiendas rechazadas por el PP en el Senado pretendían modificar ese planteamiento para declarar directamente la transferencia de la titularidad y de las competencias, incorporar mayores compromisos económicos por parte del Estado, obligarle a financiar nuevas bonificaciones, entre otras.

En este sentido, el debate parlamentario ha evidenciado el choque entre el bloque formado por PSOE, Sumar y BNG, defensor del texto original del Congreso, y el PP, que ha insistido en mantener las modificaciones introducidas en el Senado por considerar que «blindaban» financieramente a Galicia.

«MOMENTO HISTÓRICO»

Por parte del BNG, la aprobación de la norma se ha definido como un momento «histórico» tras décadas de reivindicaciones y ha acusado al PP de recurrir a «mentiras y manipulaciones» para obstaculizar el traspaso.

En esta misma línea, desde el PSOE han reprochado al PP que reclame en Galicia una transferencia y, a su vez, dificulte la tramitación en las Cortes Generales. «Ustedes pedían la transferencia, pero parece que su actitud muestra que lo único que buscan es una confrontación más con el Gobierno», han zanjado los socialistas.

Frente a ello, el PP ha defendido las enmiendas remitidas por el Senado alegando que eran las únicas que respetaban íntegramente el acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento gallego y garantizaban una transferencia «sin cargas indeseadas ni facturas ocultas».

Los ‘populares’ advirtieron de que, en las condiciones fijadas por el Gobierno, la Xunta podría verse obligada a asumir costes de hasta 4.000 millones de euros, comprometiendo la futura gratuidad de la autopista.