El juzgado de Ribadavia ha condenado al alcalde del Ayuntamiento de Castrelo de Miño (Ourense), Avelino Pazos (PP), por un delito leve de amenazas contra el exedil del BNG Alfredo Fernández, por lo que deberá pagar una multa de 210 euros.

Los hechos se remontan al pasado 27 de diciembre cuando durante la celebración de la feria mensual del Ayuntamiento, según afirma el denunciante y recoge la sentencia, el alcalde se puso a milímetros de su cara y empezó a gritarle «llámame ahora hijo de puta, voy a por ti». Ante esto, el exedil se mantuvo parado «con las manos en los bolsillos», intentando que el regidor se calmase, mientras fue finalmente su mujer quien lo separó.

En el juicio celebrado en Ribadavia, el alcalde de Castrelo de Miño confirmó que tuvo un altercado con el denunciante pero negó la agresividad.

La jueza deja constancia en la sentencia de que quedan acreditadas las malas relaciones entre ambas partes por temas políticos. También se refiere a la existencia de comentarios en redes sociales del exedil del BNG, pero apunta que «las amenazas no pueden ser la respuesta», sino que lo serían una querella o una demanda.

Por todo ello ha condenado al alcalde a pagar 7 euros durante 30 días al denunciante. La acusación solicitaba tres meses de multa a 20 euros el día.

La situación tiene de fondo el pleno de moción de censura, que se celebró durante el pasado mes de agosto, y que dio el gobierno al Partido Popular –con la colaboración de dos díscolos del Partido Socialista–, en un municipio que hasta entonces gobernaba el Bloque.

RECURSO DEL ALCALDE

En un comunicado, el regidor asegura que la sentencia ya está recurrida en la Audiencia Provincial de Ourense por «discrepar totalmente» con la misma. Critica que se dan por probados unos hechos que «no sucedieron realmente tal y como están recogidos», «en especial que yo amenazara a la persona en cuestión con hacerle algún mal, con esa interpretación cualquier discusión constituiría un delito», señala.

Asimismo, subraya que lleva «sufriendo» durante más de seis meses: «Todo tipo de insultos, provocaciones y memes que han llegado incluso a mi padre y demás familia, resignándome para evitar cualquier conflicto».

Por ello, sopesa presentar una querella penal por injurias en lo que considera un «acoso insostenible», pues publicaciones en Facebook «van más allá de la crítica política y no se han efectuado con respeto».

POSTURA DEL BNG Y PP

Por su parte, el Bloque Nacionalista Gallego ha trasladado que entiende la sentencia como «una muestra clara» del carácter «autoritario y antidemocrático» del actual regidor del Ayuntamiento. «No duda en usar la violencia verbal y el insulto delante de la crítica política», censura.

El grupo provincial del Partido Popular señala que se trata de «un problema municipal» y se remite a lo que dictamine la justicia, «que para eso es la responsable». «Respetamos la sentencia», apunta, aunque subraya que «está recurrida en la Audiencia Provincial de Ourense».

«El PP respeta las sentencias judiciales y por el momento está recurrida», afirma el grupo provincial al respecto de la condena.