El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado con sus votos en contra una iniciativa del PSdeG que pedía que el Gobierno gallego condenase cualquier forma de corrupción y, en particular, la «asociada» al Partido Popular, así como a asumir las responsabilidades políticas que puedan derivarse de los casos Gürtel, Bárcenas y Kitchen.

El grupo mayoritario ha votado en contra de esta propuesta tras rechazar su autor, el parlamentario socialista Pablo Arangüena, una enmienda para que la condena fuese a todo tipo de corrupción y no específicamente a aquella que afecta al Partido Popular.

Y es que, en su defensa de la iniciativa, Arangüena ha argumentado que «si la ética pública era imprescindible antes de la pandemia» en el «mundo postpandemia» lo será «aún más». Además, ha recordado que el muchas administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular serán las responsables de gestionar la «riada de financiación» que llegará a través de los fondos Next Generation.

Todo ello tras citar las causas judiciales abiertas que afectan al Partido Popular y asegurar que tanto el exgerente del PP, Cristóbal Páez, como el extesorero Luis Bárcenas «confirmaron que la última operación de la caja b del PP fue un pago en efectivo procedente del PP de Pontevedra por valor de 50.000 euros», un supuesto pago que «ocurrió en 2010 cuando el señor Feijóo y el señor Rueda llevaban ya cuatro años como máximos responsables del PP de Galicia».

«Con estos antecedentes de financiación, de sobres, de pagos por parte de empresas, cómo no nos va a preocupar más que nunca», ha manifestado Arangüena, que ha criticado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afease en el anterior pleno a la oposición que llevase este asunto a la Cámara en plena pandemia.

En el debate, el también viceportavoz del PSdeG ofreció al PP la votación por puntos de la iniciativa que, además de esta condena, incluía otro apartado en el que se pedía crear una comisión para investigar las conexiones del Partido Popular de Galicia con la financiación ilegal del PP de a nivel estatal. Y es que los populares ya habían rechazado en la sesión esta petición a raíz de una solicitud del BNG.

EL PP LE AFEA LA CORRUPCIÓN DEL PSOE

Aunque la iniciativa ha contado con el apoyo del BNG, expresado a través del diputado Iago Tabarés, el texto no ha salido adelante al ser rechazada por la bancada popular, cuyo parlamentario Alberto Pazos había ofrecido a Arangüena que aceptase una enmienda ‘in voce’ para que la condena fuese sobre todos los tipos de corrupción y no específicamente sobre los que afectan al Partido Popular.

Además, Pazos ha aprovechado su intervención para citar una lista de casos que afectan al PSOE y le ha recordado al socialista las condenas del que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil Francisco Liñares y del exalcalde de Cerceda José Luis García Liñares.

«He tenido que escuchar que el Partido Socialista no tenía nada de lo que avergonzarse ¿Y no será que lo que no hay es vergüenza», le ha replicado el popular, que ha asegurado que, en el «ránking de corrupción» que estableció de forma «unilateral» el socialista, quien debe figurar como «número uno» es el PSOE.

OTRAS INICIATIVAS

En la sesión tampoco han salido adelante al contar con el ‘no’ del PP otras dos mociones, en este caso defendidas por el BNG, relativas al sector eólico y a los precios de la vivienda en alquiler.

En primer lugar, la diputada del BNG Noa Presas ha reclamado en la Cámara gallega un «modelo eólico gallego, participativo, justo, sostenible y beneficioso para Galicia» frente a lo que califica de «modelo KamiKaze» de la Xunta con base en el «arrase» de los territorios y al servicio de las grandes empresas eléctricas.

Para ello, su propuesta pedía impulsar un nuevo acuerdo eólico para Galicia que ponga fin a los «problemas» derivados de la «caducidad» del plan sectorial eólico de 1997. También proponía una mesa de trabajo participativa para elaborar una nueva propuesta de ordenación del sector, incrementar la vigilancia sobre las garantías medioambientales para asegurar el cumplimiento del principio de prevalencia de la protección ambiental, así como garantizar la transparencia y la información.

Si bien la petición del BNG ha contado con el apoyo del PSdeG, cuyo diputado Martín Seco ha pedido a la Xunta que haga el esfuerzo de «sentarse a renovar el plan sectorial y escuchar a los colectivos que le piden ayuda por su indefensión ante a las empresas», la moción tampoco ha salido adelante al ser rechazada por el PP.

Precisamente, la diputada del PP Marta Novoa ha afeado a los nacionalistas que acudan a la Cámara a buscar consensos «con un discurso falso, anticuado y obsoleto» en relación a «una energía que tuvo una evolución tecnológica altísima en la que Galicia es líder».

Además, ha negado que haya una falta de ordenación y ha subrayado que el plan sectorial eólico es «totalmente actual», con áreas y polígonos eólicos en los que se desarrollan los parques. «Habría que preguntarse porque cuando ustedes gobernaron mantuvieron el plan», ha sostenido Novoa, que ha acusado a BNG y PSdeG de «hacer una cosa cuando gobiernan» y «otra» cuando «están en la oposición.

VIVIENDA

Por último, Alexandra Fernández (BNG) ha propuesto a la Xunta que elabore un plan para un alquiler accesible y fijar como objetivo estratégico la reducción de precios en el plan de vivienda tras advertir de que 10.000 hogares gallegos ya destinan más del 50% de su renta al pago del alquiler.

Concretamente, la iniciativa del Bloque incluye la elaboración de un plan gallego para un alquiler accesible garantizando que permita tanto rebajar los precios del alquiler en el marcado libre, como incrementar sustancialmente el porcentaje de vivienda pública en régimen de alquiler respecto al total del parque construido. También pide aumentar las líneas de ayudas directas a personas inquilinas, fundamentalmente las destinadas a los colectivos más vulnerables o actualmente más desprotegidos.

Asimismo, los nacionalistas proponen la elaboración por parte del Observatorio da Vivenda de un informe anual de estudio y diagnóstico, pormenorizado y territorializado, de las variaciones de los precios de la vivienda libre en alquiler y su impacto en la accesibilidad.

«¿Cuánto más tienen que subir los precios del alquiler para que digamos basta? ¿Cuánto más tienen que seguir subiendo para que este gobierno asuma esto como un problema de extrema urgencia? ¿Cuál es el tope del PP para intervenir?», se ha preguntado Alexandra Fernández.

Al respecto, el diputado socialista Luis Álvarez, cuyo grupo ha finalmente respaldado la propuesta, se ha mostrado partidario de apoyar la iniciativa si lo que se pretende con ella es «que el gobierno plantee una batería de medidas» para rebajar el precio que finalmente la persona arrendataria al considerar que «una limitación del precio» iría en el «sentido contrario» al pretendido.

Con todo, la moción tampoco ha sido aprobada al ser rechaza por el PP. Así, la diputada popular Marisol Díaz Mouteira ha argumentado que la intervención supondría «tensionar un mercado que lo que necesita son certezas». «Por eso, vamos a aprovechar su moción para decir que la Xunta es contraria a la intervención del marcado del alquiler por los efectos negativos que tendría», ha afirmado.

Además, ha puesto en valor las diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno gallego en materia de vivienda para promover el alquiler, incrementar el parque autonómico y municipal. «Todo ya en marcha sin necesidad de esperar a elaborar ningún plan», ha afirmado.