El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que la ley gallega de salud no establece «por sí sola» la obligatoriedad de vacunarse frente a la covid-19 sino que faculta a obligar si, llegado el caso, las autoridades competentes consideran que debe hacerse. Eso sí, él vería «muy procedente» que se abra el debate acerca de si vacunarse debe ser obligatorio, como «lo es en algunos países».

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha defendido la ley de salud que vio la luz esta semana en el Parlamento y ha subrayado que lo que hace la norma es facultar a que se pueda a obligar a vacunar si llegado el caso las autoridades competentes consideran que debe hacerse por motivos de salud pública –además, estipula sanciones ante posibles negativas–.

Al tiempo, Feijóo ha manifestado que espera que el Gobierno central no «castigue» a la Comunidad por haber impulsado una ley que proporcionará de «mayor seguridad jurídica» a la gestión de la pandemia y la recurra ante el Tribunal Constitucional (TC), toda vez que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió que la norma gallega podría «limitar derechos fundamentales».

El texto legal ha provocado protestas de grupos antivacunas, que han llegado a calificarlo de ‘ley Auschwitz’, un «descalificativo» al que Feijóo ha restado importancia, aunque ha advertido que, quienes usan esa expresión o no se han «leído» la ley o tienen «mala fe» al pretender «destruir un mecanismo» que solo aspira a «proteger» la salud de los ciudadanos.

En todo caso, ha esgrimido que «lo que tiene que hacer un Gobierno es gobernar», de forma que «lo más importante es proteger la salud y lo de menos son los descalificativos hacia quien trata de hacerlo», y ha recordado que la Xunta trató «hasta la saciedad» de que fuese el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez el que impulsase una norma estatal para facilitar la gestión de la pandemia.

DEFENSA DE LA LEY GALLEGA

«Le trasladamos incluso una propuesta redactada por los servicios jurídicos», ha dicho, antes de advertir que los presidentes autonómicos han tomado medidas sin una adecuada «seguridad jurídica». Como ejemplo, ha señalado las decisiones discrepantes sobre las restricciones de la hostelería adoptadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el alto tribunal vasco.

En este contexto, ha esgrimido que la ley gallega solo busca dar mayor seguridad jurídica a las decisiones y que los jueces «puedan adoptar sentencias en base a leyes en vigor».

En este sentido, ha defendido como «razonable» garantizar que un ciudadano diagnosticado con coronavirus tenga que mantener la cuarentena o que otro con síntomas claros deba realizarse las pruebas, con el conocimiento concreto de a qué multas pueden enfrentarse en el caso de no hacerlo.

Y a renglón seguido, ha dicho que «no es verdad» que la ley «por sí sola» obligue a vacunarse, sino que fija un marco legal en el que se establece la posibilidad de que, si las autoridades competentes deciden que un ciudadano debe administrarse las dosis por motivos fundamentados de salud pública, pueda ser obligado a ello.

«No obliga a vacunar porque creo que no tenemos competencias, pero sí prevé que si el órgano competente lo dicta, se pueda obligar a esa vacunación y lo tipificamos», ha subrayado, antes de incidir en que España es un país en el que la vacunación voluntaria tiene éxito, pero dado que no se puede aventurar «qué virus llegarán en el futuro o con qué intensidad» no sobra que haya una regulación.

«REMITE A LA AUTORIDAD JUDICIAL»

Tras apuntar Darias que la ley gallega podría limitar derechos fundamentales, Feijóo ha negado este extremo y ha esgrimido que la norma, «si se lee de forma correcta y minuciosa», garantiza los derechos y libertades fundamentales o remite a la autoridad judicial cuando puedan entrar en cuestión.

Por ello, y tras recordar que el Gobierno conocía la propuesta gallega y no respondió a la misma, ha manifestado que espera que ahora no la lleve al Constitución. Hacerlo, ha advertido, sería «una actuación impropia».

«No sé si nos merecemos ser castigados por intentar proteger la salud de los gallegos», ha dicho el presidente gallego, quien ha rechazado ser «reprendido» por intentar «blindar» la salud pública en la Comunidad frente a la «incomparecencia» de un Gobierno estatal «ausente».

«Si hubiese una ley en España y un presidente autonómico se extralimitase, pues bueno. Pero es que no la hay. Y a los presidentes se nos obliga a tomar medidas restrictivas sin refrendo legal. No parece razonable y espero que no se nos castigue por velar por la salud de los gallegos ante la ausencia e incomparecencia del Gobierno», ha concluido.

Finalmente, sobre la posibilidad de vacunar a personas que conviven con mayores de 80 años, se ha remitido a las decisiones que se adoptan en el marco estatal, en órganos como el Consejo Interterritorial de salud, y ha dicho que la Xunta, por el momento, trabaja con los colectivos prioritarios que fija el protocolo.