El PPdeG ha registrado este lunes en el Parlamento gallego la proposición de ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, que prevé nuevos beneficios fiscales y será tramitada por el carácter de urgencia. La previsión es que los grupos debatan su toma en consideración en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre.

Entre los nuevos beneficios fiscales, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que ha acompañado este lunes al portavoz parlamentario de los populares gallegos en su habitual rueda de prensa de los lunes en la Cámara, ha destacado que contempla una deducción del 100% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la adquisición de inmuebles que se encuentren en alguna de las parroquias que tengan la consideración de zonas poco pobladas.

A su lado, Pedro Puy ha acusado al Gobierno central de «un nuevo ataque a la autonomía» fiscal y en cuanto a las especificidades del derecho civil gallego, relativa a las transmisiones en vida, por una norma que tramita el Congreso para lucha contra el fraude fiscal a la que el PP presentará alegaciones en este aspecto.

En lo relativo a la ley de reactivación, el titular de Facenda ha insistido en que su objetivo es «eliminar cualquier burocracia prescindible para que la administración se convierta en una aliada y no en un obstáculo para las empresas», en el actual contexto de crisis.

«Simplificar no significa disminuir garantías y protección de los valores medioambientales y culturales», ha precisado. En cuanto a los principales obstáculos, los ha identificado en relación con la documentación incompleta, falta de asesoramiento individualizado, necesidad de simplificación en la tramitación y solapamientos en informes oficiales.

Por eso, ha afirmado que «una de las prioridades tiene que ser facilitar la coordinación y actuación de los diferentes órganos» de la Xunta.

Otra pieza «esencial» es, según ha dicho, «dotarse de mecanismos y apoyo financiero y fiscal para fomentar la implantación de empresas» en la comunidad.

Junto a los nuevos beneficios fiscales para iniciativas empresariales que se impulsen en zonas poco pobladas o áreas rurales, y entre otras cuestiones, ha señalado a la creación de «catálogos» por sectores de actividad que recogerán los trámites administrativos exigibles, con formularios y modelos de solicitud y documentación asociados a esos procedimientos.

La ley, según ha expuesto Martínez, también define a los denominados ‘proyectos tractores’ y contempla «instrumentos específicos de financiación» para iniciativas promovidas por ‘startups’.

En paralelo, busca «mejorar la gobernanza» de los fondos de recuperación. «Buscamos sentidiño en la gestión de una oportunidad de financiación con un mecanismo completo e integral de planificación gestión y control», ha destacado.

En resumen, ha valorado una norma «que es necesaria» y «que busca que la administración sea fiable y que las empresas vean en ella una aliada y no un obstáculo». «Queremos que entre en vigor lo antes posible», ha finalizado.

DEBATE FISCAL

Por otra parte, Pedro Puy ha criticado la «sorprendente petición de un grupo independentista de los que apoyan al gobierno de armonización fiscal», pues la ha visto «claramente dirigida a que la política fiscal de comunidades autónomas de rebaja de impuestos sea revertida».

Tras tildar esto de «muy inapropiado», se ha referido al caso concreto de las herencias en vida que contempla el derecho civil gallego y ha censurado que el Gobierno actual «de PSOE y Podemos» haya presentado en el Congreso una ley que es «un nuevo ataque a la autonomía fiscal de Galicia», porque ponen en cuestión esas transmisiones.

Por eso, el PPdeG se puso en contacto con el grupo popular en el Congreso, que presentará una enmienda para que se elimine ese «ataque» y, por su parte, presentará una proposición no de ley en la Cámara gallega «para demandar respeto» a la autonomía financiera y al derecho civil gallego.