El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha tratado de evitar pronunciarse sobre si es preciso reformar la ley para que el nombramiento de la Fiscalía General del Estado debe realizarse a través de una mayoría parlamentaria reforzada. Con todo, ha planteado el problema «por resolver» de si «el fiscal depende o no del Gobierno», al respecto de lo que ha revelado su opinión contraria a que sí lo sea, tras apelar al derecho comparado

«Hay problemas que están sin resolver en España. ¿Oiga? ¿Pero el fiscal depende o no depende del Gobierno?; ¿Quiero que sí, o quiero que no?. Y si quiero que sí, no pasa nada, porque en Estados Unidos es así. Y si quiero que no, como es lo que parece que es la opinión mayoritaria, y la mía también, de que sea de otra manera, pues regule usted como crea conveniente».

Esta reflexión fue realizada en la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia, después de que el diputado del BNG Iago Tabarés le pidiese un posicionamiento al respecto en el marco de su comparecencia para explicar la Memoria de 2019 de la institución, condicionada por un aumento de casos por la huelga en la justicia del año anterior. En la misma línea de lo anterior, remitió al Legislativo para referirse a si son necesarios más juzgados de violencia de género o especialistas en delitos sexuales.

«¿Incrementar más los juzgados? Depende del Gobierno de España. ¿Que se pueden crear juzgados especializados en delito sexuales? Puede hacerse, pero lo que digo es que es una cuestión estratégica, que está relacionada con las preferencias y prioridades del Gobierno», ha apuntado.

NIVELES «PREOCUPANTES»

Precisamente, Suanzes señaló que, en la Memoria de la Fiscalía de 2019, se constataron niveles «preocupantes» del aumento de los delitos contra la libertad sexual. Así, crecieron un 51 por ciento, con 1.894 nuevos casos.

Sobre esta cuestión hizo hincapié especialmente la diputada del PPdeG Paula Prado, quien llegó a pregutarse si estamos en una sociedad «más violenta». A esta cuestión, el fiscal superior de Galicia opinó que debe ser el «legislativo» el que estudie «que más medidas se pueden tomar o hacer» para revertir esta situación.

«MÁS CONCIENCIA»

En todo caso, sobre el aumento de denuncias y casos de violencia de género, el fiscal atribuyó también esta situación a que «probablemente hay más mujeres que ponen en conocimiento este tipo de asuntos» y hay «más conciencia social», al tiempo que se «va perfeccionando el aparato judicial y fiscal». Con todo, quiso destacar que en 2019 «descendió el número de mujeres asesinadas», aunque ha reconocido el aumento en el resto de delitos relacionados con la violencia machista.

En su intervención, el fiscal superior recordó los datos «preocupantes» de los delitos de violencia de género, con un incremento del 45,7 por ciento en 2019, hasta situarse en los 10.598. Los juzgados dictaron 1.318 sentencias, lo que supone un crecimiento del 44%, de las cuales el 27% fueron absolutorias y el 73%, condenatorias –el 36,7% con conformidad del acusado-.

Además, también se incrementó el número de órdenes de protección solicitadas, de las cuales el 66 por ciento fueron concedidas y solo un 1 por ciento inadmitidas.

Los casos de violencia de género derivaron en 3.462 calificaciones fiscales (+57%), lo que significa el 24,36% del global de las emitidas por la Fiscalía de Galicia en todo el año. De estas, el 43,9% fueron por maltrato ocasional; 26,1% por quebrantamiento de medidas cautelares; 10,7% por maltrato habitual; y 8,3% por amenazas.

PLAN DE IGUALDAD

Además, la diputada del PSdeG Paloma Castro, que subrayó el nombramiento de la nueva fiscal delegada de Medio Ambiente en Galicia, apostó por que este estamento judicial apueste por el cumplimiento de los planes de igualdad con el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad.

Suanzes sostuvo, en su respuesta, una lectura contraria y afirmó que «sinceramente, está por labor de potenciar la igualdad», pero ha mantenido que «tarda mucho tiempo». En todo caso, remarcó los últimos tres nombramientos de «tres mujeres» hechos por la Fiscalía General, entre ellos: la fiscal de Ourense, la delegada de Medio Ambiente y la de violencia sobre la mujer.

OTRAS NECESIDADES

Por otro lado, en su intervención, Suanzes hizo hincapié en la necesidad de seguir modernizando la justicia en el ámbito digital y destacó que durante la primera ola de la pandemia por coronavirus se lograron niveles de trabajo del 100 por cien en algunos ámbitos.

El fiscal general no pasó por alto esta crisis, que está generando problemas perentorios como conflictos laborales o familaires, de salud, situaciones de violencia y casos de desprotección de personas vulnerables o de derechos fundamentales, de manera que apostó, como tarea común de operadores jurídicos, instituciones y partidos, a «mejorar el sistema judicial con parámetros de mayor eficacia, agilidad y calidad».

Por otro lado, y a preguntas de la diputada popular Paula Prado, el fiscal se refirió al tema de las ocupaciones ilegales. Ha dicho que en el caso de allanamiento de morada la legislación está clara, pero es diferente en otros supuestos.

En todo caso, ha dicho que «hay que valorar cada cosa en particular» y, en dependiendo del caso, «adoptar las medidas sociales oportunas», algo que debe realizarse en las comisiones provinciales.