El Parlamento de Galicia ha destacado este martes su compromiso «unánime» con la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, en la que el año 2019 se encontraba el 24,3% de la población gallega.

El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha sido el encargado de dar lectura a una declaración institucional con motivo de la celebración del día Internacional para a Erradicación da Pobreza.

Según indica el texto, la nueva legislatura empieza con una emergencia sanitaria y social que empobrecerá a miles de gallegos si no hay un compromiso político y presupuestario de la Xunta y de los ayuntamientos y diputaciones.

En este sentido, alerta de que los impactos socioeconómicos no solo se hacen notar en una intensificación de la vulnerabilidad de aquellas personas que ya la encontraban con anterioridad, sino que las circunstancias sobrevenidas están llevando a una situación de serio riesgo de pobreza a personas que no lo experimentaron hasta el momento.

En este contexto, reconoce el esfuerzo, la solidaridad y el civismo de la ciudadanía gallega. «En los peores años de la crisis económica y ahora en la emergencia provocada por la pandemia. Sabemos de su vulnerabiliad y temor por la situación», señala.

«NADIE AL MARGEN»

La Cámara destaca que este ejemplo obliga a «seguir avanzado en un modelo social en el que no se permita dejar a nadie al margen» y en el que «desde los poderes públicos se garantice la lucha contra la desigualdad, los derechos constitucionales y la inclusión social».

Además de reiterar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, llama a no frenar los esfuerzos para garantizar una vivienda digna a los gallegos y gallega. También apela a luchar contra las causas de la pobreza, a mantener un compromiso en presupuestos y planificación, y a la coordinación política y técnica entre las administraciones y las organizaciones especializadas que permita reducir la burocracia.

«Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar las medidas necesarias para reducir las desigualdades sociales, combatir la discriminación y favorecer el respeto, la tolerancia y la participación activa de todas las personas», indica.

En este sentido, subraya el compromiso de difundir y poner el foco en las experiencias positivas y en los ejemplos mayoritarios de armonía y convivencia normalizada, luchando contra la desinformación y evitando la instrumentalización o las visiones distorsionadas de las personas que viven situaciones de exclusión social.

«Ni la pobreza ni la exclusión social se combaten de forma individual. Es un objetivo que implica al conjunto de la sociedad, y es nuestra responsabilidad contribuir, desde diferentes ámbitos, intensidades y formas, a que lo alcancemos», apunta el texto que incide en la necesidad de «seguir avanzando en la inclusión urgente de las personas que no se encuentran en igualdad de condiciones para la consecución de una vida digna».