El Parlamento de Galicia volverá a contar con una comisión de investigación de la fusión de las cajas gallegas –Caixanova y Caixa Galicia– y su posterior bancarización, más de ocho años después de que se abriese por primera vez en la Cámara autonómica.

Tanto PPdeG como BNG han incluido en el orden del día sendas peticiones concretas sobre esta cuestión, pero ya negocian, también con el PSdeG, un acuerdo para abrir este órgano de investigación parlamentaria con el consenso de todas las fuerzas políticas. La idea es, además, aprovechar los trabajos realizados, que acabaron sin un dictamen de la Cámara.

En el escenario de una comisión de investigación, que los tres grupos tienen intención de hacer por consenso y que en todo caso saldrá adelante en el pleno de la semana que viene, la oposición advierte de que, en primer lugar, la Xunta «tiene» que entregar la documentación que todavía no se envió en su día y, entre otras cuestiones, el viceportavoz del PSdeG, Pablo Arangüena, pide conocer los detalles del informe encargado a KPMG, una ‘due dilligente’ por la que el Gobierno autonómico pagó un millón de euros.

Además, esta comisión llegará después de que se haya conocido un auto de la Audiencia Nacional en el que se sostiene, sobre la intervención del FROB relativa a las cajas de ahorro gallegas, que «la única razón» por la que tuvo que actuar «fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión».

En ese mismo auto se añade que «Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia».

TERCERA VEZ COMISIÓN PARLAMENTARIA

Será la tercera vez que se abre esta comisión en el Parlamento de Galicia, después de que en 2012 arrancasen los trabajos que nunca concluyeron en un dictamen. Cerrada la legislatura, en 2017 se reactivaron los trabajos, pero tampoco hubo dictamen que cerrase este capítulo económico en Galicia.

La comisión de investigación se reunió el 23 de marzo de 2017 para aprobar el plan de trabajo y el 13 de julio de ese año se modificó, siendo la última reunión de este organismo en toda la legislatura pasada.

Con la nueva legislatura iniciada en 2020, el BNG registró el 29 de septiembre una petición el pasado mes de septiembre. Por su parte, el PPdeG registró otra el pasado viernes 9 de octubre, en la que figura inclusive la firma del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Además, los socialistas, que no tienen diputados suficientes para reclamar la constitución de una comisión de investigación por la misma fórmula que PP y BNG, se han dirigido a la Mesa a través de la diputada que la integra –Marina Ortega–, según un escrito recogido por Europa Press, para instar también a la creación de este órgano parlamentario que ponga fin a ocho años sin dictamen.

Ahora los grupos han quedado en negociar, de acuerdo con los servicios jurídicos, una fórmula para que el martes que viene, en la sesión plenaria, salga adelante la constitución de esta comisión por consenso. En esencia, las dos piden lo mismo y solo incluyen dos matices: la impulsada por los populares apuesta por crear una comisión de investigación para «analizar y evaluar», un matiz, el de este último verbo, que no aparece en la que hace el BNG.

Mientras, los nacionalistas señalan en título que los trabajos se retomaron «sin conclusión» en la X Legislatura una mención que, si bien es reconocida por el PPdeG –ya que no hubo dictamen–, no aparece como tal en el título de la comisión de investigación que se ha registrado.

NO FINALIZARON LOS TRABAJOS

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los portavoces, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha explicado que hay voluntad de llegar a un «acuerdo general para la puesta en marcha de una comisión que retome los trabajos» de la pasada legislatura.

En su solicitud, los populares apuntan que la comisión terminó sus «dos primeras fases» –solicitud y aportación de documentación y comparecencias–, pero «no llegó a finalizar su dictamen». «Entre otros motivos, porque algunas de las cuestiones relevantes abordadas por la comisión de investigación, por ejemplo las indemnizaciones millonarias recibidas por los exdirectivos, estaban sub iúdice, conociéndose la primera sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional en 2015». La confirmación de la sentencia, por parte del Tribunal Supremo, tuvo lugar el 14 de septiembre de 2016.

Aún está pendiente de resolución en los tribunales algunas de las denuncias presentadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) contra los antiguos gestores de las cajas, recuerda el PPdeG en su texto registrado.

Cabe recordar que, precisamente, las conclusiones aprobadas por el pleno de la Cámara relativas a una comisión de investigación, además de ser publicadas en boletín del Parlamento y comunicadas a la Xunta, son susceptibles de trasladarse al Ministerio Fiscal «para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas». Es decir, la propia labor de la Cámara sirve de base investigadora para la Justicia, de ser el caso.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Para la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, es necesario «esclarecer qué ocurrió en el proceso de fusión y bancarización» de la entidad financiera que supuso «unas enormes pérdidas sociales». Así, ha mostrado la «voluntad de llevar adelante esta comisión de investigación, con la voluntad muy firme de que culminen los trabajos».

Rodil lamentó que «el veto de la mayoría, que cerró bajo siete llaves» la comisión de investigación hace que «a día de hoy» siga sin haber conclusiones de esta comisión. Además, también afeó que la Xunta «no colaboró con esta cámara, no remitió toda la documentación que debería», pero ahora la voluntad es que «se cree y, sobre todo, que se culminen los trabajos».

Por su parte, el viceportavoz socialista, Pablo Arangüena, ha expresado la buena voluntad de todos los grupos para alcanzar un acuerdo conjunto y ha avanzado que, en todo caso, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, preguntará al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por la valoración del auto de la Audiencia Nacional acerca de que «Caixanova nunca hubiese sido intervenida si no hubiese sido obligada a fusionarse».

Arangüena ha remarcado la «relevancia extraordinaria de esta afirmación muy fuerte» que «desmonta» los argumentos de la fusión. «Los órganos judiciales no hablan gratuitamente», ha apuntado el diputado socialista, quien ha reclamado conocer «la totalidad» del informe de KPMG, del que trascendieron en su día la documentación aportada a la comisión de las cajas y, ya en 2018, la carta de encargo hecha por la Xunta.

El PSdeG ha denunciado que con la pérdida de las cajas los gallegos «perdieron un patrimonio de 8.000 millones de euros», que son «tres cuartas partes» del presupuesto anual de la Xunta. Por ello, ha incidido en que «hay que dar esa explicación» a la ciudadanía.