El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha participado este martes en la segunda reunión telemática de regidores de toda España para proponer medidas alternativas al decreto-ley sobre remanentes locales del Ministerio de Hacienda, el cual ha tachado de «injusto y discriminatorio» al tiempo que ha reclamado que no se aplique la ‘Ley Montoro’ en materia de «regla de gasto, déficit y estabilidad» mientras duren las consecuencias de la pandemia.

En esta ocasión, el número de ciudades participantes ha ascendido a 31 –en la primera habían participado 10–, con un amplio espectro político representado de hasta 13 formaciones políticas diferentes a excepción del PSOE.

Todos ellos han reiterado su rechazo al decreto-ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso de los remanentes y han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente otro de forma «exprés» que permita repartir un fondo de 5.000 millones entre los ayuntamientos, tengan o no superávit.

Además, han propuesto un fondo extraordinario de transporte para hacer frente al descenso de usuarios debido a la pandemia y poder prorrogar las inversiones financieramente sostenibles, entre otras materias.

Por su parte, Fernández Lores, que gobierna en coalición con los socialistas, ha explicado al final del encuentro que siendo «conscientes» de que los alcaldes que estaban allí reunidos tienen «muchas diferencias que los separan, incluso en política municipal», pusieron en común «lo que los une»: «El rechazo a un decreto que nos quieren imponer desde lo Gobierno del Estado, que es un decreto injusto y discriminatorio» y que «no sirve para las necesidades que tenemos los Ayuntamientos derivadas de la crisis de la Covid-19».

UN FONDO «INDEPENDIENTE DE LA SITUACIÓN FINANCIERA»

En este sentido, el regidor del BNG ha detallado dos cuestiones que fueron incluidas en el acuerdo final. La primera, que el nuevo decreto recoja «un fondo municipal independiente de la situación financiera de cada Ayuntamiento» y que permita atender las demandas de los vecinos.

En este apartado, el regidor nacionalista ha puesto como ejemplo la partida destinada por el Ejecutivo central a la comunidades autónomas, que no tuvo en cuenta a situación financiera de cada una sino que se distribuyó «con criterios teóricamente objetivos y más ecuánimes».

La segunda cuestión, según ha enumerado, es que mientras dure la crisis derivada de la Covid-19, «no se aplique» la llamada ‘Ley Montoro’ en lo referente «a la regla de gasto, déficit y estabilidad», porque estos tres aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impiden la utilización de los recursos económicos de los Ayuntamientos, que pueden ser remanentes, superávit, o acudir a deuda.

«UNA INCAUTACIÓN EN TODA REGLA»

Fernández Lores se ha vuelto a referir al decreto-ley sobre los remanentes como «una incautación en toda regla y además discriminatoria».

Asimismo, ha explicado que, aun así, ese dinero llegaría «a través de una previsión presupuestaria, lo que implicaría hacer un proyecto, aprobarlo, financiarlo y ejecutarlo para que luego den una subvención». «Por lo que no es verdad que esos 5.000 millones nos vayan a dar liquidez», ha resumido.

LA «LIQUIDEZ» DE PONTEVEDRA

En este sentido, ha vuelto a insistir en que su Ayuntamiento, tras cumplir «escrupulosamente» con la ‘Ley Montoro’ tiene «unos ahorros y una liquidez que no se le permite utilizar». «Como alcalde de Pontevedra, no quiero que le toquen al bolsillo de los pontevedreses», ha añadido.

Aparte del regidor de A Boa Vila, en la reunión de esta mañana estuvieron presentes los alcaldes y alcaldesas de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.

Por último, Lores ha informado de que la reunión terminó con un acuerdo para realizar un nuevo llamamiento a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que abra el diálogo con estos alcaldes, una posibilidad sobre la que se ha mostrado pesimista. En cualquier caso, ha avanzado que si no hay diálogo ni acuerdo, el BNG, representado por el escaño de Néstor Rego, no convalidará este decreto en el Congreso.