El BNG ha mostrado este martes su rechazo al acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para permitir que el Estado reciba el remanente de «1.300 millones» de las administraciones locales y ha reclamado derogar la Ley Montoro, de 2012, que sirve de «coartada para financiarse con recursos que son de los ayuntamientos gallegos».
Asimismo, tal y como ha expresado a través de un comunicado de prensa, el BNG reclama una nueva ley de haciendas locales que «acabe con la discriminación financiera de los municipios del país» y permita una «negociación directa» entre la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el Estado.
Los nacionalistas, con un diputado en el Congreso, esperan que no se convalide el decreto en la Cámara baja y, sobre los argumentos expuestos, mantendrá el BNG su postura, tanto en el seno de la Fegamp como a la hora de votar en el hemiciclo.
En el comunicado, la formación que lidera Ana Pontón pide que se derogue la conocida como Ley Montoro y toda la legislación posterior que «impide a los ayuntamientos disponer de sus ahorros» y que el Gobierno de Sánchez «lejos de finiquitar, está utilizando como coartada para apropiarse de los recursos de los ayuntamientos para financiarse, en una especie de mundo al revés».
«En lugar de hacer llegar fondos del Estado a los ayuntamientos para la reactivación económica y social, son estos los que actúan como una especie de banca de Madrid», han lamentado los nacionalistas.
«USO DESCARADO»
Así, Carme da Silva, responsable del área municipal de la Executiva del BNG, ha considerado que «en realidad, estamos ante una utilización descarada de la Ley Montoro para apropiarse del remanente de las administraciones locales».
«Con esta actuación, el Gobierno central usa la legislación del PP en lugar de abolirla en un nuevo ejercicio de centralismo madrileño que penaliza a unos municipios gallegos que ya son discriminados con el actual modelo de financiación, pues reciben 50 euros menos por habitante frente a la media estatal», ha apuntado.
En este sentido, el regidor de San Sadurniño y portavoz del BNG en la Fegamp, Secundido García, ha incidido en que «el acuerdo no va al fondo de la cuestión», que es «derogar la Ley Montoro que impide a los ayuntamientos utilizar el superávit y su remanente para atender a las necesidades de sus vecinos».
Y además, deja claro que «debe ser esta entidad y no la estatal» –de municipios– la que «fije la posición de las administraciones locales del país. «Es fundamental modificar la Ley de haciendas locales, porque estamos infrafinanciados, pero no podemos permitir que la defensa de nuestros intereses caiga en manos de la FEMP, sino que tiene que ser asumida directamente por la Fegamp ante el Estado», ha aseverado Secundido García.
«LEGÍTIMA REPRESENTACIÓN»
Así, ha incidido en que es suya la «legítima representación» y ha recordado que «los ayuntamientos gallegos tienen una singularidad propia, determinada por la manera de asentarse en el territorio, el envejecimiento y la dispersión». «Todos ellos son criterios que deben ser tenidos en cuenta. No vale una propuesta uniforme», ha aseverado.
En este escenario, el BNG confía en que el acuerdo aprobado este lunes «no sea validado» por el Congreso, porque considera que, «de una vez por todas, las administraciones locales tienen que poder disponer de sus ahorros para poder utilizarlos en beneficio de su ciudadanía en aquellas cuestiones que, en cada caso, se consideren prioritarias». «Máxime, en un contexto de crisis económica y social.
