El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha señalado este viernes que los servicios jurídicos de la Xunta consideran que debe ser el Estado, como propietario de las Torres de Meirás, quien debe ejecutar los trámites para ampliar la declaración BIC de 2008 del Pazo, para incluir en el régimen de protección parte de los bienes muebles que se encuentran en el interior.

Con este objetivo, según ha explicado Rodríguez en declaraciones a los medios, el Gobierno gallego remitió una propuesta de convenio al Estado para diseñar un marco entre ambas instituciones «que posibilite certezas» en el proceso administrativo, «dar seguridad jurídica» a las actuaciones, y lograr que aquellos bienes de interés histórico que se encuentran en el interior del Pazo y que no forman parte de la declaración BIC permanezcan en el patrimonio público.

El titular de Cultura ha recordado que actualmente el régimen de protección incluye a los bienes más singulares, en concreto las estatuas del Mestre Mateo y la Biblioteca Pardo Bazán, y que el debate está centrado en la decisión judicial que concede a los herederos del dictador Franco un plazo de un mes para retirar bienes del complejo.

A la espera de que se decida sobre el recurso presentado por la Xunta como el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico, Rodríguez insiste en la importancia de actuar y dar pasos para «garantizar» que estos bienes «puedan seguir formando parte del patrimonio» público. Por ello, y dando cumplimiento al acuerdo unánime alcanzado en el Parlamento gallego, se plantea la ampliación de esta declaración BIC para extender esa protección al resto de elementos del interior y que cuenten con ese valor histórico.

DAR SEGURIDAD JURÍDICA

El conselleiro de Cultura ha insistido en que los servicios jurídicos consideran que el Gobierno del Estado es el que está «habilitado» para acometer este trámite tanto por ser el propietario del Pazo como por la propia Ley de Patrimonio Histórico.

En este marco, ha añadido, se plantea la posibilidad de hacer un convenio entre ambas administraciones para evitar que el recorrido jurídico del proceso sea «débil» y se garantice la «seguridad jurídica» de las actuaciones, de modo que los servicios jurídicos del Estado puedan buscar puntos de encuentro para emprender el camino.

«Nuestra intencionalidad es llevarlo a cabo», ha insistido Rodríguez, preguntado por si existe margen para poder dar pasos en ese sentido teniendo en cuenta el plazo concedido a los Franco para retirar bienes y el intento frustrado realizado por la familia este mismo jueves. «Por eso es fundamental ese marco, para tener solvencia y seguridad», ha reiterado, para insistir en que únicamente se está debatiendo sobre que administración tiene que abrir el proceso administrativo.