El alcalde de Sada, Benito Portela, ha lamentado» profundamente la «pasividad» del Gobierno central ante la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que confirma que el Pazo de Meirás es propiedad del patrimonio público, pero que confirma el derecho de los herederos de Franco a recibir una indemnización por los gastos contraídos desde 1975 al rechazar que sean poseedores de ‘mala fe’.
Portela ha censurado la «conformidad» de la administración general del Estado con la sentencia y su decisión de no recurrir, a pesar de que se trata de una parte «especialmente relevante» y que «puede tener repercusiones también sobre la pretensión principal del proceso».
«No recurrir ese apartado de la sentencia es prestar conformidad a un argumento de la sentencia que no solo es contrario a los hechos probados, sino también al propio contenido de la demanda de la abogacía del Estado».
Por ello, lamenta que los herederos del dictador son «los grandes beneficiados» de la decisión del Estado que considera «inexplicable» tanto jurídicamente como «desde la coherencia» defendida en el propio proceso.
En todo caso, los servicios jurídicos del Gobierno local estudiarán la situación, las alternativas y la viabilidad de las acciones que puede ejecutar en su condición de adhesiva simple.
