El Parlamento gallego ha acordado instar a la Xunta de Galicia a «agilizar» el procedimiento necesario para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide de A Coruña, a través de una proposición no de ley presentada por el BNG y que ha contado con el respaldo también de PP y PSdeG-PSOE.

Por el contrario, una proposición no de ley del PP, en la que se insta a la Xunta a demandar al Estado la cesión de la gestión del Pazo de Meirás –algo que ya avanzó el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que se ha hecho– para desarrollar «usos culturales» en el inmueble, salió adelante solo con el apoyo de los populares.

«Es urgente actuar», ha expuesto sobre la Casa Cornide, en la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento gallego, la diputada del BNG Mercedes Queixas. Y es que, en su intervención, ha remarcado el hecho de que los Franco ya tengan a la venta este inmueble, ubicado en la ciudad herculina, «por un precio de 3,5 millones».

«Es una muestra más de la impunidad con la que los Franco se enriquecieron», ha añadido la diputada socialista Noa Díaz, al trasladar su respaldo a la iniciativa nacionalista y de cara a lograr que pueda reclamarse el inmueble para el patrimonio público.

EL PP APELA A LOS «HECHOS»

«Los hechos hablan mejor que las palabras», ha expuesto, a su vez, el diputado del PP José Alberto Pazos, quien ha calificado de «aliada» a la Xunta para conseguir esta declaración BIC, una vez que el ayuntamiento herculino ha remitido la documentación a la Administración autonómica a este respecto.

Y es que el diputado popular ha aprovechado también esta intervención para reivindicar el «trabajo» de la Xunta para «la reintegración» de las estatutas del Mestre Mateo, actualmente en el pazo de Meirás, al patrimonio público, o para la declaración BIC de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

Sin embargo, la unanimidad que suscitó el debate sobre la Casa Cornide, no ha existido en torno al pazo de Meirás. Las divergencias no se centraron en la reclamación de la cesión de la gestión y sí en cómo deben ser los usos del inmueble.

USOS DE MEIRÁS

Así el diputado José Alberto Pazos defendió un uso cultural en el que se explique «la historia del inmueble, reivindique el entendimiento y la concordia y ahonde en el papel de las escritoras en la historia de la literatura, particularmente de Emilia Pardo Bazán».

Frente a ello, y a través de sendas enmiendas, el BNG ha planteado crear una comisión con entidades e instituciones que participaron en la recuperación para estudiar «usos y contenidos», mientras que los socialistas han propuesto una comisión parlamentaria que dé «voz» a diferentes colectivos y administraciones.

Las intervenciones no han estado exentas de reproches de la oposición después de que el diputado popular situase en el acuerdo del Parlamento gallego de 2017 sobre la creación de una comisión de expertos para la devolución del pazo el inicio del proceso para lograr este objetivo.

El diputado del BNG Luis Bará calificó de «sesgado» su relato y reivindicó la labor previa hecha a este respecto por la Diputación de A Coruña o entidades de memoria histórica «con una movilización social que empezó en 2005».

VISITAS DE «EXALTACIÓN» A FRANCO

Además, Bará sostuvo que por parte del Parlamento gallego debería haber ya «un pronunciamiento» para «acabar con las visitas de exaltación del franquismo en el pazo». También propuso que estas las asuma el ayuntamiento de Sada, así como centrar los usos del inmueble en el ámbito cultural, turístico y también de reivindicación de la memoria histórica.

De «insulto a las familias» ha calificado la diputada socialista Noa Díaz el que, según ha argumentado, durante los gobiernos del PP a nivel central y a nivel autonómico, hasta la fecha, hubiese sobre esta cuestión «absoluto silencio». «Desconfiamos que ya determinen su uso», ha añadido al plantear que se defina «entre todos y todas» un proyecto para Meirás, basando en explicar el «expolio y la memoria histórica».

«Debe ser gestionado desde Galicia y desde Galicia determinar los usos», ha replicado el diputado popular, quien ha apelado al «diálogo» con entidades y ha defendido, frente a las críticas de la oposición, la actuación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en esta cuestión.