La Red Gallega por un Rural Vivo (RGRV) nació después de varias reuniones entre diversos colectivos que enfrentaban situaciones ambientales similares. Así, desde los proyectos mineros hasta la instalación de aerogeneradores, la idea de la red quiere ofrecer un frente común de organizaciones que hasta ahora operaban de manera individual. Ese frente común quiere establecer un plan de acción para conseguir un marco legal más justo para el rural, que se enfrente a lo que consideran “proyectos industriales abusivos en el rural”.

LOS PARQUES EÓLICOS Y El ABANDONO RURAL

La RGRV entiende como proyectos abusivos, entre otros, parques eólicos con unas distancias muy cortas a las casas teniendo en cuenta sus dimensiones. Acusan la obsolescencia de la actual ley de parques eólicos del año 1995, que “permite que aerogeneradores de 200 metros de altura puedan ser instalados a solo 500 metros de distancia de las casas” dice Jessica Rey, miembro de la RGRV, “con el peligro que supone la caída de una pieza de ese aerogenerador si se desprende y cae, y el tema del ruido, se ha demostrado que la exposición constante crea problemas de salud”.

La administración de momento da por respuesta que ellos “cumplen la ley, mas la ley es de hace veinte años, cuando los aerogeneradores medían sesenta metros de altura y no doscientos” segundo dice Jessica Rey. Entre las modificaciones que solicitan, está el aumento de las distancias entre las casas y los molinos en consonancia con sus dimensiones. La petición para la Red no es un tema menor, ven nos aerogeneradores una manera de acelerar la despoblación de las aldeas. Aseguran que nadie va a querer vivir junto a esas infraestructuras.

“Todos los terrenos cerca de aerogeneradores perderán valor, el único que recibe dinero es quien tiene el generador en su finca, los demás, ya pueden vivir junto a él que no les indemnizarán de ninguna de las maneras” acusa Rey. El abandono de las fincas alrededor de los aerogeneradores hará que esos terrenos pierdan valor, no obstante, “la administración mantiene que esto es una oportunidad de desarrollo para lo rural”. La Red le propone a la administración autonómica que lleve a las aldeas proyectos “donde participemos todos”, en referencia a la propiedad de los aerogeneradores por parte de grandes corporaciones.

A FAVOR DE LAS RENOVABLES, MAS NO ASÍ

Por otra parte, la RGRV deja claro que no están contra la energía renovable, “pero desde la administración nos dijeron, y nosotros ya lo veíamos venir, que no existe planificación sobre los parques eólicos” dice Rey. Así, el modo de proceder de la Xunta, sería que si el proyecto sigue la ley de 1995 ese proyecto sigue adelante. Mas añaden que desde 2003 no se repotencian los parques existentes, solo se hizo sobre un 10 o 15%. Por que? “Porque está todo en manos de empresas privadas, ahora mismo las empresas que no tienen eólicos les interesa crear esos parques para no perder la oportunidad de negocio.” contesta Jessica Rey. “Galicia será una comunidad donde se sacrifica el territorio para producir energía para otros centros consumo”. La instalación de molinos perto de núcleos poblados tendría la explicación de la rentabilidad.

Instalar uno de estos sobre un monte implica a veces, una inversión en creación de infraestructuras como pistas y otros elementos precisos para lo transporte de los componentes de estas máquinas. Los terrenos agrarios donde se instalen aerogeneradores perderían valor. Tendrían interés para alguien? “Ence está comprando mucho terreno, por ejemplo, las propias eléctricas también pueden comprar terreno a precio muy barato” dice Rey, que además señala esto como “otro acelerador de despoblación para abaratar la tierra para hacerla más accesible y así crear propiedades más extensas”.

La aceleración del abando rural para la RGDV estaría pasando a una nueva fase pues “ahora sabemos que la Xunta está agilizando la creación de una nueva ley medioambiental”. Realmente es un proyecto de ley, ahora mismo en fase de alegaciones, pero la Red considera que es una maniobra legal para que “las empresas puedan agilizar los trámites y así poder instalarse en el rural más fácilmente sin tener que pasar por informes medioambientales”.

Los plazos para presentar alegaciones comenzaron el 17 de enero y finalizan el 31 del mismo mes de 2020, la mitad de tiempo que presentan los proyectos presentados desde lo Gobierno central. “Estamos estudiando contrarreloj estas propuestas que creemos van contra las directivas europeas e incluso creemos que permitirían que no hubiera consultas públicas” dice Jessica Rey que no niega su preocupación.

CONVERSACIONES CON ADMINISTRACIÓN Y EMPRESAS

Las conversas con las consellerías implicadas, incluyendo Medio Rural, están dentro de la agenda de la Red. Al departamento que dirige José González, le pedirán un informe sobre los eólicos “porque en algunos casos son completamente contrarios y que es necesaria una revisión en zonas concretas”. Sobre el departamento de Economía e Industria, creen que había debido “poner sobre la mesa los problemas sociológicos y ambientales que tienen estos parques”.

La mayoría de los colectivos ya se han reunido de manera individual con representaciones de las empresas implicadas en diferentes proyectos. Todo antes de formar la Red. Segundo relata Jessica Rey “en concreto en Ordes, vinieron a decir que daba igual lo que dijéramos o lo que pataleáramos, si la ley se lo permite “nosotros los vamos a poner””. Rey reconoce que el marco legal permite que las compañías puedan instalarse tal y como pretenden, toda vez que si algo no es conveniente, pasa por una revisión para que todo se ajuste a la ley en vigor.

A día de hoy la Red desconoce cuáles son los proyectos más amenazadores, tanto eólicos como de otra naturaleza. Todos los grupos vecinales confiaban en que la ley los protegía, “pero te das cuenta de que no”. La formación de la RGRV pretende llevar adelante mismo las tareas necesarias para investigar la documentación sobre los diferentes proyectos. Esperan que esta unidad de acción les permita por lo menos frenar momentáneamente las actuaciones previstas según qué proyectos y en qué lugares.