La Xunta considera que el Gobierno central cae en la «dejación de funciones» en sus competencias exclusivas al no haber definido los criterios de promoción y titulación para el alumnado en la orden ministerial para la finalización del curso académico 2019/90. Para el Ejecutivo autonómico, esta situación provocará «desigualdades» entre el alumnado de los diferentes territorios, «especialmente» en aquellos que realicen las pruebas de acceso a la universidad.

En un documento remitido este jueves al Ministerio de Educación, el departamento que encabeza la conselleira Carmen Pomar dice que aplicará las directrices ministeriales, aunque enumera una serie de discrepancias que insta a la cartera que dirige Isabel Celáa a tener en cuenta para su inclusión en la orden final.

Y es que, para la Consellería de Educación, el Gobierno central cae en la «dejación de funciones» por no definir la forma en la que, especialmente en la ESO y el Bachillerato, el alumnado será evaluado para su promoción al siguiente curso o la obtención del título.

De este modo, la Consellería de Educación asegura que la carencia de criterios unificados «provocará desigualdades entre el alumnado de los diferentes territorios», especialmente entre aquellos que realicen las pruebas de acceso a la universidad.

Por lo tanto, el departamento que encabeza Pomar incide en la necesidad de que el Ministerio de Educación concrete en su orden el número de materias suspensas con las que es posible promocionar o recibir la titulación.

Asimismo, la consellería cree que en los cursos de final de etapa las medidas de recuperación establecidas para el arranque del curso 2020/21 «no son necesariamente de aplicación» lo que provocará una merma en la «calidad» de la enseñanza recibida por el alumnado titulado.

FORMACIÓN PROFESIONAL

En el apartado de Formación Profesional, la Xunta ve «una contradicción entre los previsto y lo que se ha tramitado» para la Formación en Centros de Trabajo (FCT), es decir, las prácticas con las que el alumnado termina el ciclo.

Además, también considera que existen «cuestiones técnicas ambiguas» en lo referente las enseñanzas artísticas y deportivas, además de detectar que «se omite cualquier tipo de referencia a las enseñanzas de idiomas y de adultos».

También considera que las medidas arbitradas por el Gobierno para un posible refuerzo educativo en julio «exigen la habilitación de los créditos oportunos del Ministerio a través del Fondo de Cooperación Territorial (sin estar vinculadas a la gestión del Fondo Social Europeo)» para así «atender la eventual demanda de las familias», lo que deja en manos de las comunidades «arbitrar las eventuales medidas con esa financiación».

En cuanto a la apuesta por incrementar la puesta a disposición de recursos tecnológicos, el Gobierno autonómico ve «insuficientes» las aportaciones «enviadas hasta el momento» por lo que reclama una «dotación específica» para las comunidades que dé cobertura a la compra de equipos tecnológicos para iniciar el próximo curso.

CIG CRITICA A LA XUNTA

Por su parte, la CIG ha mostrado su preocupación por las consecuencias de la situación actual ante el final de curso y la preparación de los siguientes, si bien expresa su apoyo a algunas de las medidas acordadas por la conferencia sectorial, como la promoción y titulación con carácter general del alumnado, el papel del profesorado en los casos excepcionales sobre la promoción de curso o convertir la tercera evaluación en un período de refuerzo y recuperación de los contenidos dados durante el curso que ahora se da por concluido.

No obstante, en un comunicado difundido este jueves, el sindicato nacionalista cree que «parches temporales y organizativos como la actividad en julio o los contratos-programa no son la solución», al tiempo que emplaza a la Consellería de Educación a reorientar los fondos destinados programas de refuerzo a «ampliar los cuadros de personal fijo para reducir ratios y mejorar la atención al alumnado».

Además, también se opone a la apertura de los centros educativos en julio, decisión que recae en la Xunta, pues consideran que el curso ha de cerrarse en junio. «No consideramos una buena propuesta dejar de estar en confinamiento para que el alumnado enlace un curso con otro», ha añadido la CIG, que cree que el tiempo entre el fin del confinamiento y el comienzo del nuevo curso debe dedicarse a prestar atención a la situación emocional de los niños y niñas tras el encierro.

A renglón seguido, la CIG critica a la Consellería de Educación, a la que acusa de «preferir que Madrid gobierne en su lugar», y emplaza al departamento que dirige Carmen Pomar a que «haga su trabajo e introduzca las modificaciones legales oportunas para dar cobertura a los cambios transitorio que necesitan los centros gallegos en este final de curso y en el próximo».

Por último, lamenta la «batalla partidaria» en la que, dice, está «instalada la derecha» y que tiene reflejo «también en el campo educativo». «Reclamamos que dejen la permanente campaña electoral y que actúen con seriedad. Todo el mundo desea la vuelta a la normalidad pero nadie puede jugar con la salud, ni de los niños ni de sus familias ni del profesorado», añade la CIG en su comunicado.