Los centros educativos no universitarios con más de seis aulas situados en Galicia establecerán un régimen de turnos para contar con una persona del equipo directivo de forma presencial en sus instalaciones, mientras que ningún docente tendrá que acudir a su centro de trabajo.

Esta es una de las medidas que ha anunciado este domingo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de titulares de las administraciones autonómicas de España.

Las nuevas disposiciones anunciados por Feijóo se publicarán en las próximas horas en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en un documento que recogerá «las obligaciones del personal» que trabaja para la administración autonómica, a nivel general y sobre los docentes.

De esta manera, el teletrabajo se habilitará también para todos los profesionales del ámbito educativo en Galicia en consonancia con la declaración de estado de alarma que el sábado proclamó Pedro Sánchez. Así, la Xunta actualizará sus indicaciones a las necesidades de la situación actual.

Los llamados a turnarse de forma presencial en los centros escolares son los directores, jefes de estudios y secretarios de los mismos. Mientras que «no se necesitará la presencia de ningún profesor», ha añadido Feijóo. De todos modos, la Consellería de Educación podría dar «instrucciones» pertinentes en casos particulares.

TRABAJORES LOCALIZABLES

En las mismas declaraciones, el titular del Gobierno gallego ha explicado que todos los trabajadores de la Xunta teletrabajarán y, en caso de que su labor se desarrolle a nivel presencial, tendrán que permanecer en su vivienda localizables para cuando se requiera el desarrollo de su profesión.

Todos las dependencias subordinadas al Gobierno gallego seguirán «prestando sus servicios esenciales», ha señalado Feijóo. De esta forma, «todos los empleados públicos cuyas funciones se realicen en edificios administrativos» las desarrollarán en sus domicilios.

Las actividades que precisen una actuación presencial en el edificio administrativo «quedarán suspendidas temporalmente», excepto en aquellos casos en los que su trabajo sea «esencial». Este segundo supuesto contempla al personal directivo, de seguridad, de mantenimiento, para la comunicación, proveedores y servicios de las tecnologías de la información.

Asimismo, bajo esta condición también se rigen los centros de recuperación de la fauna y «todos aquellos que determine la dirección» de las instituciones dependientes de la Xunta que pretenderán «garantizar las funciones básicas».

En el trabajo presencial será «el titular del centro el que establezca turnos» con los que sea posible garantizar la prestación del servicio y se minimice el riesgo de contagio de coronavirus, al tiempo que estipula estos turnos bajo la premisa de mantener «a la mayor parte del personal en su domicilio y localizable».

En cualquier caso, en caso de fuese necesario aumentar el volumen de trabajadores presenciales, todos los empleados públicos «deberán reincorporarse de forma presencial si así los requiere» el servicio que prestan.

SUSPENSIÓN DE TRÁMITES

En la misma rueda de prensa, Feijóo ha adelantado que «se suspenden los términos y se interrumpen los plazos de tramitación de procedimientos» del sector público –es decir, concesiones, plazos de bolsas públicas o concursos públicos– hasta que quede suspendido el estado de alarma en España.

Para todas las dudas o requerimientos relacionados con la atención a la ciudadanía, la Xunta ha habilitado el número de teléfono 012 con el fin de poder resolver este tipo de cuestiones.

PELUQUERÍAS Y RESTAURANTES

Al margen de las decisiones que ha determinado el Gobierno gallego al salir de la reunión con Pedro Sánchez, el presidente de la comunidad gallega ha querido aclara determinadas cuestiones en relación con el Real Decreto Ley publicado el sábado por Ejecutivo estatal y que se han consultado en este encuentro entre la Administración central y las autonomías.

Feijóo ha reconocido que los profesionales que trabajan y regentan peluquerías «no entienden cómo cumplir con las instrucciones» de separación y, al mismo tiempo, desarrollar su trabajo.

En este sentido, Núñez Feijóo apunta a establecer «servicios mínimos» como una «cuestión de sentido común». «Una cosa es una persona que necesita este servicio» por higiene y otra es utilizarlo «por estética».

Cree que los negocios no deben «abrir indiscriminadamente» y que puede habilitarse, de alguna manera, «desplazamientos a domicilio para todo aquel que necesita el servicio por higiene».

En cuanto a los restaurantes, el titular de la Xunta ha propuesto a Pedro Sánchez que se siga el decreto gallego que permite el servicio a domicilio pero también la «recogida en el establecimiento» por parte de la ciudadanía.

«Si solo permitimos lo primero discriminamos a los hosteleros que no tienen contratado servicios de transporte ha domicilio», ha señalado al respecto. Por eso, ve «razonable» en este caso mantener «el criterio de la comunidad».

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Ante esta nueva situación que ha provocado la expansión del coronavirus, el presidente gallego ha podido abordar cuestiones de toda índole para aclarar que va a pasar con los centros de inclusión social o los centros de producción.

Respecto a los centros de inclusión social ha explicado que en el mismo documento del DOG que se hará público esta tarde, se concretarán los servicios que se mantienen, aunque en todo caso «los centros públicos» como las cocinas económicas, los comedores sociales y los albergues públicos seguirán abierto y se «calibrará» la posibilidad de trabajar con los centros de economía social privados.

En cuanto al ámbito empresarial y al ser preguntado por las instrucciones que dicta el Gobierno gallego para las empresas de más de 50 trabajadores, Feijóo se ha remitido al Real Decreto Ley y ha explicado que todo lo que no se contemple en el decreto se regirá por «los protocolos de contingencia» que establezca cada empresa.

De esta manera, serán las propias empresas las que «tomen decisiones sobre sus plantillas» y quienes decidan «si se trabaja» o no, ya que «las autoridades autonómicas solo informan del contenido del Real Decreto Ley» en este aspecto.