La aprobación del proyecto de reforma educativa, que supondrá el fin de la ‘Ley Wert’, ha dejado una sensación agridulce entre los representantes del profesorado gallego, bien por el retraso en la derogación de la Lomce, por la falta de profundidad y de diálogo, o la ausencia de consenso que permita cortar la sucesión de nuevas normas educativas en cada cambio de Gobierno.
Suso Bermello, de CIG-Ensino, ha avanzado que se reunirá el próximo lunes con la ministra Isabel Celaá y le hará entrega de un documento en el que quedarán reflejadas las enmiendas y las reclamaciones de esta organización para el proyecto de ley.
A pesar de ello, ha reconocido en declaraciones a Europa Press «cierto malestar» tanto por el retraso en la derogación de la Lomce como por lo que ha considerado, de facto, como «un retorno a la LOE» pero manteniendo algunos aspectos de la reforma del Partido Popular.
Sobre todo, ha censurado la «palabrería» para dar entender que esta norma representará un cambio en el sistema educativo en asuntos como los conciertos a centros que segregan por sexo. «Eso no es nada. Tal y como está la redacción, esos cinco centros que hay en Galicia van a seguir teniendo concierto educativo siempre que la Xunta lo permita», ha advertido, a pesar de que «bajo ningún concepto» deberían disponer de fondos procedentes del erario público
Bermello también ha criticado el debate que se introduce con el llamado ‘MIR’ educativo que realiza la ministra, puesto que da a entender que el profesorado «tiene una parte de la responsabilidad» en los problemas con la falta de calidad del sistema, una cuestión «indignante» después de pasar «una década de tremendos recortes» en la que el papel del docente ha sido «fundamental para mantener un mínimo de cohesión».
FALTA DE CONSENSO
José Fuentes, de CC.OO. Ensino, ha valorado por su parte que se refuerce la evaluación formativa en todo el proceso educativo, pero se ha mostrado crítico con que ‘Religión’ se mantenga en el currículo y la financiación a centros que segregan por sexo, puesto que aquellas comunidades que quieran financiar este modelo seguirán haciéndolo.
«Esto debería estar taxativamente regulado», a insistido, puesto que «no se debe gastar un sólo euro» en la financiación de este tipo de centros, que estaba «blindada» por la ‘Ley Wert’.
Sobre todo, ha incidido en la necesidad de abrir «un debate profundo» para caminar hacia un Pacto educativo, para que «dentro de unos años no vuelvan a cambiar todo», además de incluir aspectos como la ratio de alumnos por aula.
«Creemos que está siendo un poco apresurado», ha añadido, por su parte, Paula Carreiro (FeSP-UGT), puesto que una reforma de calado necesita un proceso «algo meditado» para «pensar a largo plazo». «Obviamente siempre será positivo eliminar la Lomce y entendemos que es un previo para intentar un Pacto Educativo», ha incidido, pero cree que «no es suficiente» buscar un consenso a través de enmiendas al proyecto.
«Se necesitan los grupos de trabajo y que, durante un tiempo prudencial, se vaya adecuando (la normativa) a un contexto social y real en el que estamos viviendo», ha considerado.
Finalmente, Julio Díaz, de ANPE-Galicia ha lamentado que «ya van ocho» reformas y leyes educativas y que, por ello, esta «está abocada al fracaso», al carece de memoria económica y la falta de un pacto social que le pueda «dar una solución» a esta sucesión normativa que llega «gobierno tras gobierno». El sindicalista ha criticado que el texto tiene «muchísimas lagunas» y que el sistema educativo necesita «afrontar una reforma en condiciones, que no es esta».
