La portavoz parlamentaria de Sanidade del BNG, Montse Prado, ha recriminado al Gobierno de Alberto Núñez Feijó» que «pretenda amordazar de forma pura y duramente a los profesionales sanitarios» gallegos que denuncian el déficit de empleados, «la saturación y las deficiencias» de sus centros de trabajo.

En concreto, Prado ha calificado de «pin sanitario» la decisión de la Xunta por la que prohíbe colocar carteles «difamatorios» o aquellos que van contra de las instituciones en hospitales y centros de salud. Igualmente critica que «en vez de dar respuestas» a la situación denunciada, opta por la «censura».

Sin embargo, «no se puede tapar la luna con un dedo y a estas alturas todo el mundo sabe cuál es la situación» de la sanidad pública gallega, «un espectáculo de pacientes amontonados en los pasillos, en sillas y camillas», ha denunciado la diputada este viernes a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

«Tenemos menos y peor sanidad pública frente al refuerzo de la sanidad privada» que se ha incrementado «a lo largo de estos 11 años» con el PP en el Gobierno gallego, que «empujó a la sanidad pública hacia el precipicio, con menos presupuestos, menos profesionales y menos camas».

Las mismas condiciones «de saturación» se repiten en el servicio de Atención Primaria, en el que es «muy complicado» obtener «una cita médica para cuando la necesitas» y se dan «demoras de una semana, diez días o quince».

LA SANIDAD, «UN BIEN MUY PRECIADO»

Tampoco se olvida de «las familias que salen a la calle para demandar una solución a esta situación», que «no aceptan quedarse sin pediatra para sus hijos, que no aceptan» unas «urgencias colapsadas» y que quieren «alternativas» para conseguir un «servicio digno».

Por los mismos motivos se movilizaron más de 20.000 personas en Verín, para impedir que se cerrase el paritorio y los servicios de emergencias de pediatría. Recuerda esta protesta y hace un llamamiento para el que el 9 de febrero la ciudadanía apoye la manifestación de SOS Sanidade Pública para cuidar la sanidad pública, «un bien muy preciado» que debe seguir el principio de «equidad» tanto las zonas urbanas como en las rurales.