El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha asegurado que el Gobierno gallego desarrolló «hasta donde la normativa le permite» la regulación del derecho a «una muerte digna», en cuyos avances Galicia «es pionera».

Según ha indicado, a día de hoy, en la Comunidad gallega se garantiza el respecto a una atención de calidad al final de la vida y la dignidad de las personas terminales, bien sea en su domicilio, en un centro sanitario o en un centro sociosanitario, protegiendo no solo al enfermero, sino también a sus familiares o cuidadores. Esta protección, conforme ha señalado, está recogida en la Ley de derechos y garantía de la dignidad de las personas enfermas terminales.

El conselleiro se ha pronunciado de este modo en respuesta a una interpelación formulada en el pleno de la Cámara gallega por la diputada socialista Patricia Vilán, quien ha afeado al titular de Sanidade que «intente confundir» los cuidados paliativos con el derecho a una muerte digna.

En su intervención, la socialista ha defendido el derecho a una muerte digna de aquellos ciudadanos que se encuentran con un «pronóstico irreversible de muerte» y que reclaman la despenalización de la eutanasia y ha definido el proyecto de ley en el que trabaja el Ejecutivo estatal como una «norma jurídica garantista».

Enfrente, el conselleiro de Sanidade ha considerado que los socialistas deberían «sacar pecho» de esta «gran ley» gallega, «copiada por otras comunidades». «Se regulan aspectos en los que existía un amplio consenso jurídico y ético», ha indicado.

Almuiña también ha destacado que Galicia cuenta actualmente con unidades de cuidados paliativos en los siete grandes hospitales, a las que se suma otra en el Hospital del Salnés.

En estos servicios, según ha indicado, durante el 2019, estuvieron ingresadas más de 2.800 personas. Además, ha indicado que los en hospitalización a domicilio se atendieron a un total de 6.446 pacientes y que se realizaron 58.377 visitas.

ATENCIÓN PRIMARIA

En la sesión plenaria celebrada este miércoles, el conselleiro ha respondido a otra interpelación formulada por los socialistas gallegos, en este caso por el parlamentario Julio Torrado, quien ha asegurado que el informe ‘Por una Atención Primaria vertebradora del sistema de salud’ presentado en noviembre por el comité de expertos convocado por la Xunta supone una «bofetada a su política sanitaria».

«No rompan más en la sanidad pública en el tiempo que les queda», le ha pedido el diputado socialista, que ha sostenido que este documento concluye que la gestión del Gobierno gallego fue «desastrosa» y «para nada efectiva» y ha avisado frente a la tentación de «meterlo en un cajón».

Enfrente, el responsable autonómico de Sanidade ha destacado las medidas tomadas por la Xunta para mejorar la sanidad pública y ha puesto en valor el hecho de que se buscase a personas «independientes» para que hicieran un «diagnóstico» para después «proponer el tratamiento».

De este modo, entre otras cuestiones, ha destacado el aumento del presupuesto que experimenta la partida destinada a los recursos humanos en Atención Primaria que alcanza los 484 millones en 2020, 22 más que en el ejercicio anterior.

Además, en lo referido al número de plazas, ha destacado que el Plan Galego de Atención Primaria recoge la creación de 331 nuevas plazas entre los años 2019 y 2020. De ellas, ha señalado que ya están autorizadas para su cobertura las 45 del año 2019 y que en las cuentas para 2020 están incluidas las 102 previstas para este año.