El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado la modificación de la Ley de Salud de Galicia por la que se establecen medidas de prevención de las agresiones a sanitarios, una norma que para la oposición «no va a la raíz del problema»: «el deterioro del sistema sanitario».

Al igual que sucedió en la Comisión 5ª de Sanidade, el texto ha contado con el voto favorable del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y el diputado de Democracia Ourensana se han abstenido.

Para la diputada del PSdeG Elena Espinosa, la norma «no ataca al problema de raíz» que, en su opinión, «no se abordará mientras la Xunta no apueste por reforzar las plantillas, reducir las listas de espera y mejorar los tiempos de atención».

Tras relatar diferentes casos de agresiones y amenazas a profesionales sanitarios, ha pedido «reflexionar», afirmando que «no ir al fondo de la cuestión es un error».

Sin embargo, ha defendido el voto favorable de los socialistas al recogerse alguna de las enmiendas presentadas por su grupo y «a la espera de que la protección legal tenga continuidad» y en una nueva fase se pueda «ir al fondo del problema».

«NO PROTEGE A LOS PROFESIONALES»

También Montse Prado (BNG) ha reprochado que la modificación «se queda en punir» y «no protege realmente a los profesionales» que, ha insistido, «se protegen con recursos, medios y tiempo para atender a los pacientes».

Ha señalado que los nacionalistas comparten «la tolerancia cero ante las agresiones», pero ha discrepado en la forma de abordar el problema. «El aumento de las agresiones tiene que llevar a tomar medidas», ha argumentado para, a renglón seguido, manifestar que la ley «solo mira una parte del problema» sin hacer referencia «a la situación de colapso y listas de espera».

«Las agresiones no se producen fuera de una realidad concreta: un sistema sanitario deteriorado, con profesionales al límite, con listas de espera inaceptables», ha aseverado.

En esta línea, ha proclamado que la situación «es culpa» de un sistema que tiene a los sanitarios «desbordados» y a las familias «desesperadas». En definitiva, ha reiterado que la Consellería de Sanidade debe dotar la norma de recursos» porque si no, ha lamentado, la norma «será un mal parche».

Del mismo modo se ha expresado el diputado de DO, Armando Ojea, que ha criticado que se establezcan «medidas meramente coercitivas» y «a posteriori», por lo que ha instado al Gobierno gallego a ir a «la raíz del problema» y a apostar por «mejorar la Atención Primaria, las Urgencias y los servicios para que no se den estos casos».

PP REIVINDICA «DIÁLOGO Y CESIONES»

Por el contrario, Encarnación Amigo (PPdeG) ha destacado algunas de las medidas incluidas, reivindicando que «ha habido diálogo y cesiones» con la oposición y «ganas de llegar a acuerdos» ante una tendencia «preocupante».

«Esto no es una batalla partidista, es para proteger a los profesionales sanitarios que sufren agresiones. En esa responsabilidad algunos estuvimos a la altura y otros decidieron quedarse fuera», ha subrayado.

«NO SE LIMITA A SANCIONAR»

Por último, ha tomado la palabra el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha agradecido a los grupos «el compromiso y responsabilidad institucional», puesto que «más allá de diferencias ideológicas», en su opinión, «se ha evidenciado una voluntad compartida para avanzar en la protección de las personas que sostienen cada día el sistema».

«Cada agresión es un hecho inaceptable», ha subrayado el responsable de Sanidade, que ha defendido que la ley «no se limita a sancionar», sino que «refuerza la prevención, la formación y la protección de las víctimas, incorporando medidas de apoyo».

Por todo ello, ha puesto en valor que con la norma que se aprueba «se eleva al máximo rango la prevención y protección frente agresiones a todo el personal del sistema gallego de salud, público o privado», y cumple el objetivo de «proteger a quien cuida».