La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto unas diligencias y realizará una inspección en el hospital psiquiátrico La Robleda, situado en O Pino (A Coruña), tras tener conocimiento del informe del Defensor del Pueblo en el que se relataba malas praxis, retenciones mecánicas a pacientes e, incluso, acusaciones de abuso sexual.

Según confirman a Europa Press fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia, fue la propia institución que lidera Ángel Gabilondo la que se dirigió al Ministerio Público para poner en su conocimiento este documento elaborado después de que un grupo de técnicos acudiesen al sanatorio el pasado mes de septiembre.

Este equipo describió numerosas «malas praxis», empezando por pacientes que permanecen años internos de forma involuntaria y «pese a su estabilidad clínica». También señala el Defensor que las ratios de personal «no se consideran idóneas». Por ejemplo, en el momento de la inspección, solo había una psicóloga para 94 pacientes.

Asimismo, el equipo desplazado hasta allí confirmó que el régimen disciplinario dispone de «castigos», algo que «resulta poco terapéutico». De hecho, les llamó la atención que una enfermera emplease la palabra «castigo» para referirse a la contención habitacional de uno de los dolientes.

Más allá de que «no existe un protocolo bien establecido y operativo» para denunciar violencia y malos tratos, sino que se gestiona a través de la trabajadora social, las contenciones mecánicas –incluso en el propio cuarto– son «una práctica habitual» y que algunas pueden durar días, incluso sin que el paciente en cuestión mostrase agresividad.

«Se pudo corroborar en una de las historias clínicas, no siendo un caso aislado, una contención de nueve días, seguida de tres días más de aislamiento habitacional. Esto supone una vulneración grave de los derechos básicos de las personas ingresadas», señalan los técnicos.

Junto a esto, se practican aislamientos habitacionales de forma «muy común», sin que se recoja en los documetnos del hospital y sin «ningún soporte legal».

«EPISODIOS DE ABUSO SEXUAL»

En este contexto, hay un caso de una paciente que, según su expediente evolutivo, manifestó «haber sufrido episodios de abuso sexual» por parte de un trabajador que le realizó tocamientos en sus partes íntimas y la insultaba mientras estaba contenida físicamente.

Además, en el análisis de la historia clínica de otro paciente, que tocó el pecho a la misma mujer. Sin embargo, no hay ninguna alusión en el expediente de ella. Tampoco consta que, en ninguno de los dos casos, se activase el correspondiente protocolo por abusos.

En cuanto a los tratamientos con fármacos, se comprobó que hay «un número elevado» de dolientes que recibían «politerapia de antipsicóticos y otras clases» y otros a los que se les suministraba dosis «fuera de la ficha técnica».

De hecho, «en prácticamente todas las entrevistas» con preguntas sobre el tratamiento realizadas a las personas ingresadas, «ninguna conocía» qué estaba tomando. Tampoco hay «un plan de reducción o racionalización del tratamiento farmacológico».

Los técnicos describen un «trato discriminatorio» en el acceso a los dispositivos tecnológicos entre los ingresados en módulos de psiquiatría y en el módulo sociosanitario: «Siendo que hay personas ingresadas desde hace más de 20 años, privarlos del uso de tecnología supone una situación clara de vulneración de derechos».

CÁMARAS DE MANERA «IRREGULAR»

El informe del Defensor del Pueblo también denuncia la violación del derecho a la intimidad y privacidad por la presencia de cámaras de videovigilancia en parte de las habitaciones y que «tienen previsto ampliar el área de cobertura» a todos los cuartos. Esto se hace de manera «especialmente irregular», porque no está registrado en ninguno de los documentos del funcionamiento del centro.

Asimismo, se constata que hubo menores de edad ingresados y que se cerraron dos habitaciones en la segunda planta «para generar un falso espacio diferenciado». Así, el menor en cuestión tenía «poco más que su habitación y una pequeña sala común», sin acceso al resto del centro con la misma libertad que el resto de personas.

Sobre las instalaciones, el informe destaca que «están limpias y bien mantenidas», pero reprocha que el propio hospital está «en un enclave rural bastante aislado de núcleos urbanos, lo que dificulta el desarrollo de un plan de rehabilitación psicosocial dirigido al disfrute de una vida autónoma y normalmente socializada».

Pese a que el reglamento de La Robleda recoge que la inserción en la comunidad es «una parte de su enfoque», esto contrasta con que tampoco cuenta con un «procedimiento específico para diseñar un plan de rehabilitación individualizado para cada paciente».