La Real Academia Galega (RAG) urge a las autoridades de Galicia a «tomar nota» para ejecutar las recomendaciones de «actuación inmediata» señaladas en el informe de la comisión de expertos del Consejo de Europa, encargada de analizar el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias en España, con el fin de «garantizar el porvenir» del idioma gallega.

Al respecto, apunta que este documento aboga por la eliminación de las trabas existentes al gallego en la educación en la comunidad, ya que se impide emplear la lengua propia del país en materias de ciencias, al tiempo que se requiere que haya una línea educativa en gallego desde la educación infantil.

«El Día Europeo de las Lenguas ofrece un motivo de celebración, pero también de reflexión y de reivindicación de la plenitud de reconocimiento y derechos para las personas que hablamos lenguas europeas en situación de vulnerabilidad. Las autoridades gallegas deberían tomar buena nota del informe del Consejo de Europa que señala vías muy adecuadas hacia una política lingüística eficaz, imprescindible para garantizar el porvenir de nuestro idioma», señala el coordinador del Seminario de Sociolingüística de la RAG, Henrique Monteagudo, en una tribuna publicada en la web de la institución este miércoles.

«En el campo de la educación, España se obligó a establecer una línea educativa en gallego, catalán y euskera desde la enseñanza infantil hasta la universidad, previsión que nunca se cumplió en nuestro caso. (…) La inexistencia de tal línea educativa en gallego fue reiteradamente denunciada por ese Comité, que, coherentemente, criticó con dureza el decreto llamado del Plurilingüismo, aprobado por la Xunta de Galicia en 2010 y vigente aún en la actualidad», expone la RAG.

El comité de expertos urge también a que se adopten medidas para garantizar el uso del gallego en los centros sociosanitarios y que las personas gallegohablantes puedan relacionarse en gallego con las dependencias locales de la Administración del Estado.

Además, se apunta a la vulneración de la Carta por parte de la administración de justicia y denuncia la falta de medidas para proteger el gallego hablado fuera de Galicia: en Asturias, Castilla y León y Cáceres.