La Xunta ha reclamado que el último borrador del real decreto con el que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes quiere regular las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) a partir de 2025 sea debatido en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, ya que considera que el texto presenta «diferencias significativas» respecto a la propuesta presentada en julio de 2022.
En una nota de prensa, la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades ha manifestado que ha elevado al Ministerio las alegaciones, que hacen de nuevo hincapié en la necesidad de habilitar mecanismos efectivos para la homogeneidad de las pruebas y «garantizar» así «la igualdad real entre el alumnado independientemente de su origen», una cuestión que insiste es «irrenunciable en un contexto de distrito universitario único como es el caso de España».
Para el departamento gallego, con esta última propuesta el Gobierno central «renuncia de facto» a su competencia de «diseñar una prueba con una estructura y unos parámetros comunes» y delega «por completo» el diseño de las pruebas en las comunidades autónomas.
Así, considera que esto, en la práctica, «alejará aún más la consecución del objetivo de garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades de la juventud y una justa concurrencia competitiva en el acceso a la universidad».
Asimismo, la Xunta entiende que la última propuesta de real decreto del Ministerio introduce cambios significativos como la eliminación de la prueba de madurez inicialmente presentada o la falta de criterios de diseño y evaluación de los cuestionarios, por lo que señala que el nuevo documento debe ser analizado y debatido en los órganos correspondientes, «dándole voz a las comunidades autónomas, que deben ser escuchadas, puesto que son las encargadas de aplicar las pruebas».
Del mismo modo, la Consellería ha vuelto a advertir que el departamento estatal sigue sin establecer «instrumentos de coordinación efectivos que permitan garantizar el carácter de prueba única que exige la existencia de un distrito universitario único», así como los principios «de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad» que, ha añadido, «deben regir en la elaboración y realización de las pruebas de acceso a la universidad».
