La Valedora do Pobo ha advertido a la Consellería de Sanidade que no debe negar la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular por carecer de permiso de residencia.

Así lo recoge una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, emitida tras una denuncia realizada por Cáritas de Mondoñedo-Ferrol, que recurrió a la institución que dirige María Dolores Fernández Galiño ante la «sistemática negativa» de Sanidade de conceder la tarjeta sanitaria a menores extranjeros en situación irregular.

La Xunta, como trasladó a la Valedora en la argumentación recogida en el expediente, interpreta que las personas que se encuentran en territorio español durante un período menor a 90 días tienen la consideración administrativa de «estancia» y no de «residencia», con lo que no tienen derecho a tarjeta sanitaria.

En su resolución, el Alto Comisionado del Parlamento gallego determina que aunque la ley no establece un derecho de acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud para todo extranjero que se encuentre «temporalmente» en España, en el caso de las personas migrantes y, en especial, de los menores, las administraciones deben velar por que cuenten con protección sanitaria gratuita.

Incide en que se trata de grupos poblaciones «vulnerables» que tienen que hacer frente a «dificultades no solo económicas, sino sociales y administrativas» y subraya que la propia ley a la que hace referencia la Xunta «tiene en cuenta la posibilidad de que una persona formalmente en situación de estancia temporal sea merecedora, con todo, de la protección de la salud por parte del Estado».

Todo esto para, continúa la valedora, la «salvaguardia» de la «dignidad humana» de estas personas si carecen de los medios para atender «sus necesidades más basicas y perentorias de salud, pudiendo demostrar, además, su voluntad de permanecer en país de una manera más estable».

En esta línea, concluye que la situación planteada por Cáritas en su queja «no compromete» al sistema sanitario ni supone que «se haga un mal uso» del mismo, sino que se trata de «una posible negación de asistencia sanitaria a personas en situación vulnerable, especialmente mujeres y niños» que no pueden acreditar que se encuentran en ESpaña desde hace más de 90 días y que, por este motivo, se les niega desde de la administración la cobertura sanitaria a pesar de que carecen de recursos para hacer frente a los gastos que acarrean «procesos de embarazos y otros».

CÁRITAS PIDE QUE SE CORRIJA

En un comunicado, Cáritas ha valorado la resolución de la Valedora do Pobo, que ven como «un gran paso para instar a las administraciones y, en este caso a la Xunta, a actuar como garante de los derechos de todas las personas».

La organización eclesiástica de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol atiende al año a más de 4.000 perosonas de las que el 45% son personas migrantes, de las que uno de cada cuatro son menores de edad.