La Consellería de Política Social ha fijado los servicios mínimos para la jornada de huelga de las escuelas infantiles privadas y de gestión indirecta convocada para este jueves, 29 de junio, en la que deberá haber dos trabajadores de personal de atención directa a los niños que garanticen la apertura y cierre de los centros. Además, en las escuelas dos o más unidades deberá haber una persona de atención directa por cada una de las unidades.

Los sindicatos CIG-Ensino, CC.OO., UGT, SNEPdeG y USO han convocado a empleados de escuelas infantiles privadas y de gestión indirecta de centros de titularidad pública, de 0 a 3 años, a una huelga el 29 de junio para reclamar un convenio «digno» y salarios «justos».

La Axencia Galega de Servizos Sociais cuenta actualmente con dos escuelas infantiles gestionadas por una empresa privada (San Paio y Complexo Administrativo de Pontevedra) y el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar cuenta con seis escuelas infantiles de gestión privada (A Guarda, Betanzos, Carballo-A Braña, Coristanco, O Pino y Pontevedra-Monte Porreiro), con su personal incluido en el ámbito del XII convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil.

Además, el propio 29 de junio habrá una manifestación en Santiago, que saldrá de la Alameda y terminará ante la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en la Rúa do Vilar.

Con estas movilizaciones buscan responder a las propuestas que consideran insuficientes por parte de la patronal en la negociación del XIII convenio colectivo de centros de educación infantil.

Las negociaciones del convenio, de ámbito estatal, se iniciaron hace más de un año sin que se haya avanzado por el «inmovilismo» de las patronales, pues «no mostraron voluntad de llegar a ningún acuerdo que permita a las trabajadoras recuperar el poder adquisitivo perdido y obtener unos salarios dignos y justos», según informa la CIG.

Los sindicatos denuncian que se busca atrasar la actualización de los salarios, que actualmente se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), «impidiendo así que las trabajadoras puedan recuperar el poder adquisitivo perdido». También acusan a las patronales de «un grave perjuicio» para las trabajadoras del sector de gestión indirecta al impedir la firma de unas tablas salariales vinculadas a los pliegos de condiciones de los últimos concursos públicos.